El abogado constitucionalista Domingo Lovera, explicó los argumentos que, en su postura, vuelven inconstitucional la invariabilidad tributaria de la megarreforma del gobierno de Kast, además de la indemnización a los inversores a los que les sea revocada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), ya aprobadas en el proyecto del Ejecutivo.

Lovera es patrocinante de uno de los requerimientos de la oposición en la Cámara de Diputados por la megarreforma ante al Tribunal Constitucional.

En el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el también académico de la Universidad Diego Portales (UDP) también entregó sus razones para que se hayan presentado tres escritos distintos ante el TC.

Frente a lo anterior, Lovera explicó que “en esta materia, nosotros quienes vamos patrocinando los recurso somos mandatarios, como buenos abogados, entonces esta es una decisión que tomaron los parlamentarios”.

“Me parece, que si uno revisa los escritos que se ingresaron ayer, lo que hay ahí es una cuestión de énfasis y que tiene que ver también mucho con la tramitación que el proyecto recibió en cada una de las cámaras”, agregó Lovera.

A renglón seguido, el abogado afirmó que “este es un proyecto que tiene una peculiaridad, y es que para ingresar válidamente por así decirlo al TC, hay que acompañar lo que se llama las reservas de constitucionalidad que los parlamentarios y parlamentarias hicieron durante las tramitaciones”.

Invariabilidad tributaria

Respecto de la invariabilidad tributaria, el constitucionalista sostuvo que el problema no radica en la conveniencia económica de la medida, sino en sus efectos sobre las futuras mayorías legislativas.

“Lo extraño, lo anómalo, es que se busca sustraer el tema del debate público por 20, 25, 15, 10 años y ese es el tema de la invariabilidad tributaria”, afirmó.

“No objetamos si es una buena propuesta para atraer inversión o no, no es una cuestión de constitucionalidad, no es algo sobre lo que el tribunal deba manifestarse”, agregó.

“El concepto que hemos utilizado para explicar, es mostrar que esta legislatura, que es una legislatura ordinaria, que es legítima, que ha sido elegida democráticamente, no puede amarrar o atar a futuras legislaturas que van a tener la misma legitimidad“, afirmó respecto al principal argumento frente a la imposibilidad de cambiar las condiciones para determinados contratos.

En esa línea, planteó que “va a ver elecciones en algunos años, se va a elegir un nuevo Congreso y ese Congreso, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, tiene la atribución de poder volver a mirar el estatuto tributario, de repensarlo y modificarlo si así lo estima conveniente”.

“Lo que este proyecto lo que busca hacer, es impedir que ello ocurra... Los términos del hoy artículo 29 son claros: invariabilidad tributaria o asociar un costo demasiado alto para que las legislaturas futuras puedan volver a revisar ese estatuto tributario", agregó Lovera.

Indemnización por revocación de una RCA

Respecto a la compensación del Estado a los proyectos a los que se revoque la RCA, Lovera detalló que ese aspecto del proyecto fue sujeto de un informe de la Corte Suprema por superponerse a sus atribuciones y explicó que la iniciativa “establece una indemnización cada vez que una RCA, habiendo sido previamente aprobada, pueda eventualmente ser anulada después por un tribunal de justicia, y a eso el proyecto lo llama ‘un error del Estado’”.

“La Corte Suprema consideró como algo llamativo, y que a nosotros nos parece inconstitucional, es justamente cuanto de esto afecta la independencia de un juez o jueza al momento de resolver la nulidad de una RCA, porque el juez o la jueza que debe resolver esa eventual nulidad, lo que hace es resolver mirando la ley y nada más que la ley”, detalló el abogado.

Lovera agregó que “lo que el proyecto hace es decirle al juez o jueza, que mire la ley y eventualmente el costo que su decisión de nulidad va a traer aparejado para el Estado”.

“Los jueces viven dictando sentencias contra el Estado, pero una cosa es condenar al Estado a pagar una indemnización por el Estado haber provocado un daño, que es posible acreditar y probar; y otra distinta que el solo de la nulidad de una RCA tenga que ser indemnizada por el hecho de que ese particular o esa empresa, tenía algo así como una expectativa de que el proyecto de inversión se iba a seguir”, planteó el especialista en derecho constitucional.

En esa línea, el abogado señaló que hay causales legales para revocar las RCA a los proyectos de inversión y que también, dentro de ellas “puede haber delitos, faltas e irregularidades y un juez tendrá que mirar la ley y cuánto le costará su sentencia al Estado a todo evento”.

El abogado además, minimizó el derecho comparado y la experiencia internacional sobre el tema, afirmando que no hay antecedentes que él conozca. “Experiencias en el derecho comparado hay para todos los gustos, casi como los colores”, planteó.

“El Estado lo que va a tener que hacer en este caso en particular, es mostrar que estas medidas persiguen fines legítimos y en los requerimientos cuestionamos que eso sea así”, afirmó.

Lovera explicó que el TC debe analizar la proporcionalidad de la medida, la que se ejecuta con cuatro preguntas: ¿Persigue un bien legítimo?; ¿es idónea?; ¿es necesaria? y ¿vale la pena insistir en la constitucionalidad del proyecto?

“Yo creo que en los tres primeros ámbitos hay problemas en el proyecto de ley que estamos evaluando”, zanjó el constitucionalista.