Gobierno argentino deroga decreto que firmó expresidente Fernández para asegurarse custodia en el entranjero

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del Gobierno de Milei. Foto: AP

“¡Se terminan los privilegios de la clase política!”, indicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje en redes sociales tras firmar al decreto que anuló la decisión tomada por el exmandatario horas antes de dejar el cargo y quien se radicará en España para impartir clases en universidades europeas.


La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogó el decreto firmado por el expresidente Alberto Fernández horas antes de terminar su mandato y que buscaba que los exmandatarios y sus familias tuvieran escolta permanente en el extranjero.

“¡Se terminan los privilegios de la clase política!”, indicó Bullrich en un mensaje en redes sociales tras firmar al decreto que puso fin a la decisión tomada por Fernández, quien se radicará en España para impartir clases en universidades europeas.

“Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, añadió la ministra, según reporta el diario bonaerense Clarín.

Bullrich, sostiene que la medida tomada por Fernández horas antes de dejar el poder “implicó la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional”.

Ante el aluvión de críticas que recibió Fernández al conocerse el decreto, desde Presidencia habían aclarado el pasado 9 de diciembre, aún durante la gestión del kirchnerismo, que la norma buscaba sólo “Concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional”.

Hasta entonces, la seguridad de los vicepresidentes y los ex presidentes estaba en manos del Ministerio de Seguridad, en tanto que Casa Militar sólo se encarga de cuidar al mandatario en funciones y su familia directa.

La Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos, que había presentado previamente un recurso de amparo contra la decisión del expresidente, apuntó a que “lo burdo y precario del decreto –evidentemente de redacción apresurada el último día de un mandato presidencial- agrava la irrazonabilidad del privilegio que pretendía cristalizar”.

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