El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) fue declarado culpable de los cargos de corrupción y tráfico de influencias este lunes, delitos por los que fue sentenciado a tres años de prisión -dos de ellos con suspensión de pena- y su defensa la adelantó que apelará a la resolución.

Sin embargo, este caso no es el único que enfrenta el exjefe de Estado, ya que en 16 días más volverá a enfrentar a la justicia por el denominado caso Bygmalion por supuestos gastos excesivos y facturas falsas en su campaña a la reelección en 2012 y todavía queda pendiente el caso de supuesta financiamiento, con dinero del dictador libio Muamar el Gadafi.

Frente a los tribunales parisinos, Sarkozy deberá explicar porque sus gastos de la cruzada presidencial superaron los 22,5 millones de euros -el límite máximo de gasto permitido por ley- y la responsabilidad que tiene la empresa de Relaciones Públicas Bygmalion.

De acuerdo a la prensa francesa el exmandatario gastó alrededor de 42,8 millones de euros.

Tras perder en la elecciones contra Francois Hollande, el Consejo Constitucional invalidó sus cuentas de campaña, le obligó a pagar una sanción de 360 mil euros y debió devolver 12 millones de euros de subvención pública.

Si es encontrado culpable, el expresidente podría enfrentar hasta un año de cárcel y deberá pagar una multa de 3.750 euros.

El Ministerio Publico inicio una investigación en 2013 a raíz de un reportaje del medio francés Mediapart tenía el testimonio de un empresario franco-libanés que aseguraba haber transfirido 5 millones de euros del antiguo jefe de inteligencia de Gadafi, Abdullah Senussi, al director de campaña de Sarkozy, Claude Gueant.

En 2017 miembros del organismo anticorrupción de Francia presentaron un informe que detallaba que miembros de su equipo de campaña recibieron dinero no declarado. Al ser consultado su extesorero de campaña, Eric Woerth explicó que efectivamente repartió dinero en efectivo pero que éste provenía de de donaciones anónimas.

El exmandatario es acusado de malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias.