El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) inicia este martes el juicio que podría condenar a Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por intentar anular los resultados de las elecciones de 2022, donde se impuso el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Casi dos años y medio después de los actos golpistas del 8 de enero de 2023, la corte celebrará un juicio histórico, que podría llevar encarcelar a un expresidente de la República y a generales del Ejército acusados de golpismo, algo inédito desde la redemocratización del país.

Para asegurar la tranquilidad del juicio, que prevé ocho sesiones, la sede del STF en Brasilia vio este lunes reforzada la seguridad. El contingente de la Policía Militar del Distrito Federal deberá permanecer hasta el 12 de septiembre, fecha en la que debería haber concluido el juicio según el cronograma estipulado por el alto tribunal, informó Agencia Brasil.

A partir de este martes, el entorno del tribunal estará sujeto a un sistema de seguridad integrado entre la Policía Judicial Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Además, quedan prohibidas las reuniones que constituyan manifestaciones y cualquier tipo de acampada en las inmediaciones.

La Policía vigilará a quienes transiten por la Plaza de los Tres Poderes y los accesos al STF en Brasilia, incluyendo el registro de mochilas y bolsos. También se realizarán redadas diurnas y nocturnas con drones que detectan la temperatura corporal.

Aunque no se permiten manifestaciones en las inmediaciones, se espera un mayor tránsito de personas, puesto que más de 3.000 personas se han registrado para acudir presencialmente, entre abogados y ciudadanos. A pesar del gran número de solicitantes, solo se atenderán las primeras 1.200 solicitudes, debido al espacio limitado, indicó Agencia Brasil. Asimismo, más de 500 periodistas nacionales e internacionales han solicitado acreditación.

Los acusados ​​se dividieron en cinco grupos, según sus diversos roles en la trama. El núcleo 1 estaba compuesto por los principales organizadores y responsables de la toma de decisiones del intento de golpe. Este intento habría comenzado con la campaña contra el sistema de voto electrónico y culminó con los ataques a la sede de los Tres Poderes, en Brasilia, el 8 de enero de 2023, detalla BBC Brasil.

En marzo, el STF admitió la denuncia de la Fiscalía General de la República contra este grupo, declarando oficialmente a los imputados. Se trata de: Alexandre Ramagem (exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Abin); Almir Garnier Santos (excomandante de la Marina); Anderson Torres (exministro de Justicia); Augusto Heleno (exministro del Gabinete de Seguridad Institucional); Jair Bolsonaro; Mauro Cid (exayudante de campo de Bolsonaro); Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defesa); y Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil). Ramagem, que actualmente es diputado federal, se benefició de la suspensión de algunos de los cargos. En tanto, Cid firmó un acuerdo de delación compensada.

Están acusados de asociación criminal armada, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado, daño calificado al patrimonio y deterioro del patrimonio protegido durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023, en Brasilia. Esta es la primera vez que un expresidente y militares de alto rango, como generales y un almirante, son acusados ​​penalmente por intentar perturbar la democracia en Brasil.

“Es un momento histórico, porque es la primera vez que un exjefe de Estado es procesado por intento de ruptura democrática”, dijo a la AFP la historiadora Martina Spohr, del centro universitario Fundación Getulio Vargas. Este “juicio inédito refuerza nuestras instituciones democráticas”, opina Spohr.

La Fiscalía General de la República afirma que, entre 2021 y 2023, Bolsonaro dirigió un grupo que planeó la ruptura del orden democrático, con transmisiones en vivo contra las urnas y reuniones con militares. También señala versiones de documentos que buscaban dar base jurídica a un golpe y que hubo presión sobre los mandos de las Fuerzas Armadas con el mismo fin.

Enumera además incitación y omisión frente a los ataques del 8 de enero, así como la ciencia y concordancia del expresidente con el plan “Puñal Verde y Amarillo”, que apuntaría al asesinato de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado del Supremo Alexandre de Moraes.

Durante cinco días, los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin escucharán las conclusiones de la fiscalía y la defensa, que finalmente declararán su culpabilidad y dictarán sentencia. La condena o absolución se producirá con el voto mayoritario de tres de los cinco ministros del panel.

El juicio seguirá el protocolo para causas penales pendientes ante el STF, con tiempo suficiente para que los abogados defiendan a sus clientes en el estrado y una reevaluación de cada una de las numerosas objeciones de la defensa a la gestión del caso por parte de Moraes, quien supervisó de cerca la investigación.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el juicio no concluya antes de la fecha límite establecida por el STF, el 12 de septiembre. Si el expresidente es condenado, pero no por unanimidad, los votos disidentes a su favor podrían abrir la puerta a que su defensa interponga recursos, como un recurso de amparo, lo que podría extender la duración del juicio. La defensa de Bolsonaro podría intentar esta vía, por ejemplo, para llevar el caso ante el pleno del Tribunal Supremo.

Asimismo, consigna Agencia Brasil, no se descarta solicitar la revisión del caso. Según el reglamento interno, cualquier miembro del STF puede solicitar más tiempo para analizar el caso y suspender el juicio. Sin embargo, el caso debe ser devuelto para su sentencia en un plazo de 90 días.

Con todo, la condena se considera una certeza tanto en el ámbito jurídico como en el político, y ya se están debatiendo la duración de la pena, el lugar y las condiciones de encarcelamiento del expresidente y otros militares acusados, señala el medio Gazeta do Povo. En todo caso, aclara Agencia Brasil, el encarcelamiento de los acusados condenados no ocurrirá automáticamente después del juicio y solo será posible tras la revisión de los recursos contra la condena.

En ese sentido, explica el diario Folha de Sao Paulo, el expresidente Jair Bolsonaro podría enfrentar hasta siete años de prisión si es condenado a la pena máxima de 43 años por los delitos enumerados en la acusación presentada por la Fiscalía General de la República en el caso de complot golpista. La pena mínima estipulada por ley por los cargos contra el expresidente es de 12 años de prisión. Es probable que los magistrados del STF consideren circunstancias que deban aumentar la pena, indica el periódico paulista.

Según los expertos, una pena de más de ocho años debe iniciarse en régimen cerrado. Como expresidente, Bolsonaro tiene derecho a una celda individual especial, llamada “Sala del Estado Mayor”, que puede estar ubicada en el Centro Penitenciario Papuda en Brasilia o en la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal. Debido a su edad (70) y problemas de salud, también podría considerarse el arresto domiciliario, en línea con lo ocurrido con el expresidente Fernando Collor de Mello (76), quien cumple prisión preventiva en su domicilio.

En los autos judiciales, la defensa de Bolsonaro ha solicitado la absolución de los delitos que se le imputan. Los abogados señalan en sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal que, de ser condenado, la pena máxima para el exmandatario debería ser de aproximadamente 14 años.