Son cuatro los sujetos que ese 21 de febrero de 2024 fueron captados bajando el ascensor del edificio ubicado en la calle El Molino 1755. Tres estaban uniformados de pies a cabeza como funcionarios de la PDI. El último apenas lleva ropa interior negra, mientras uno de los supuestos detectives lo retiene poniendo el brazo al costado de su cuello.

El que estaba en calzoncillos ese día era el exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien se encontraba refugiado en Chile desde 2017 por su oposición al régimen chavista y la dictadura de Nicolás Maduro. Las personas que lo acompañaban en el ascensor eran de la facción del Tren de Aragua llamada “Los Piratas de Aragua”. Ese día, tras salir del edificio, dos de las personas que se encontraban vigilando horas antes el edificio grabaron un video de Ojeda y los falsos PDI. El encargo estaba casi completo, solo faltaba acabar con su vida.

Algún tiempo antes, según declaró un testigo protegido del caso a la Fiscalía, el actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se contactó con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, uno de los jefes del Tren de Aragua, apodado “Niño Guerrero”. El encargo de Cabello -a cambio de dinero para la organización- habría sido secuestrar a Ojeda.

De este y otros antecedentes que maneja el Ministerio Público surge el eje político del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano, cuyo cuerpo fue encontrando el 9 de marzo de 2024 en la toma Santa Marta de Maipú.

A dos años del hecho, el caso ya ha entrado en su recta final, luego de que el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía, coordinado por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal Álex Cortés, presentara la acusación en contra de 21 integrantes de “Los Piratas”, los que se encuentran detenidos en Chile y quienes, en gran parte, habrían participado del secuestro y homicidio de Ojeda.

Todo en paralelo a la arista política que escaló hasta la cúpula del chavismo. La Fiscalía, para tal indagatoria, incluso no descartó llamar a declarar a Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

“Ya estamos con gran parte de la organización detenida tanto en Chile como en el extranjero, a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, que dará pie el juicio oral propiamente tal, resultados que además son importantes para la familia del ex teniente Ojeda”, señala el fiscal

Cambio de paradigma

Para el fiscal Barros esta ha sido una de las investigaciones “más complejas de los últimos años en contexto de crimen organizado transnacional, donde tanto la Fiscalía como la PDI, la Cancillería y el Poder Judicial hemos actuado como Estado en su conjunto, con detenciones y diligencias incluso más allá de nuestras fronteras, en el contexto de la cooperación internacional”.

Entre los investigadores existe consenso que este caso generó un cambio en la forma en que se investiga el crimen organizado en Chile, especialmente al Tren de Aragua. Esto se pudo observar en la cooperación tanto entre las policías nacionales e internacionales, así como también en los avances de este tipo de indagatorias, incluso teniendo cambios a la hora de juzgar ante un tribunal.

Para el abogado querellante Juan Carlos Manríquez, y quien representa a la familia de Ojeda, este caso “ha sido un caso muy icónico” y “ha generado un punto de inflexión tanto en Chile, en Latinoamérica, como también en la preocupación en Estados Unidos y en Europa”.

Pero no sólo ha tenido un impacto judicial. Para el abogado, el caso tuvo múltiples implicancias para la familia del fallecido exteniente. “Ha sido realmente un costo humano inmenso”, sostiene Manríquez.

A pesar del impacto que generó el caso, la investigación ha sido todo un éxito para la Fiscalía. A dos años de lo ocurrido, se ha podido identificar a 22 personas que habrían participado en el crimen, cuyos roles están ampliamente definidos. Pero el tema no solo tuvo efectos penales, sino que, además, provocó un conflicto político que fracturó las ya debilitadas relaciones diplomáticas con Venezuela, al punto de que Chile incluso llevó el caso a la Corte Penal Internacional para incluirlo en el proceso abierto en contra de ese Estado en 2018 por crímenes de lesa humanidad.