El abogado Ciro Colombara, representante de Claudio Orrego, en el caso ProCultura, manifestó su disconformidad con las filtraciones de la indagatoria a la fundación y responsabilizó de ello al Ministerio Público y los querellantes.

"En este caso, existe un interviniente, un querellante, que es un partido político, y existe el Ministerio Público. Claramente, las filtraciones vienen de ahí, no de parte nuestra, pero son filtraciones interesadas, son filtraciones selectivas, que pretenden denostar la imagen del gobernador Claudio Orrego y crear una sensación o un clima de que habrían irregularidades donde existen procedimientos impecables", afirmó en radio Infinita, la mañana de este miércoles.

Esto, tras la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta de suspender la audiencia en que se revisaría el desafuero del gobernador de la Región Metropolitana y en la antesala de los alegatos en la Corte de Apelaciones por la medida cautelar de Alberto Larraín.

Críticas por solicitud de desafuero

Colombara afirmó que "la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta es extraordinariamente débil desde el punto de vista jurídico".

“Tenemos confianza en que va a ser rechazado”, comentó.

El abogado sostuvo que su contraparte cometió “un error gravísimo” al presentar la solicitud de desafuero en Antofagasta y no en Santiago.

“Es bastante obvio que si la discusión versa sobre eventuales irregularidades de una fundación que está en Santiago, con el Gobierno Regional y con operaciones desarrolladas en Santiago, los tribunales son de Santiago. Es inexplicable el grave error de haberlo presentado en Antofagasta”, planteó.

Asimismo, el defensor de Orrego indicó que el Ministerio Público presentó antecedentes de las imputaciones que “en algunos casos son falsos, en otros son erróneos y en otros son interpretados de manera parcial y equívoca”.

En esa línea, puso de ejemplo un audio que presentaron en la formalización de Larraín en el que habrían estado hablando personas distintas a las que el Ministerio Público identificó y sobre un tema que difería del que se planteó por el equipo investigador.

“Cuando se invoca un audio de una interceptación telefónica como un elemento clave para la imputación, probablemente el más importante, la Fiscalía de Antofagasta identifica como las personas que conversan en ese audio a dos personas específicas. Pero resulta que queda al descubierto en la audiencia que eran personas distintas”, señaló.