La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), se refirió durante la mañana de este martes a la demolición que se lleva a cabo de la tomas de terreno que hay en el sector Calicheros y que pertenece a la familia Correa apuntando que “No hay ningún otro interés que no sea establecer el Estado derecho”.

En conversación con Radio Agricultura es que la edil abordó el procedimiento que se lleva a cabo durante esta mañana apuntando que “esperamos que se reúna la mayor condición para poder hacer las cosas bien, de que no tengamos que hacer auxilio de la fuerza pública, y que de alguna manera los mandantes, que en este caso es Serviu y Minvu, puedan terminar este trabajo de una manera pacífica”.

“Yo espero de verdad que esto funcione de una manera pacífica y que las familias también encuentren una vía regular para poder hacerse cargo de esta realidad, que es una realidad real, porque aquí hay una deuda del Estado, porque no hay una política pública gubernamental, ni tampoco del Estado, para definitivamente hacer las cosas de manera regular más ágil”, agregó la alcaldesa.

Cabe recordar que la toma se emplaza en un predio perteneciente al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020, según determinó la justicia, por encargo de Renato López, quien había sido denunciado previamente por la víctima por la ocupación ilegal de su terreno.

En la ocasión, la alcaldesa Corti además denunció algunas situaciones en la toma como el hecho de que habían personas que no vivían en la semana en el lugar y sólo se trasladaban durante los fin de semana. “Había gente que no vivía en la semana y a veces venía a los fines de semana. Eso es súper raro”, mencionó, agregando que " esos casos son raros, pero yo tampoco quiero generalizar, porque también tenemos casos, por lo menos nosotros tenemos cinco casos detectados que nos vamos a tener que hacer mucho cargo del tema social“.

“Existe una mafia compleja”

La edil además abordó el llamado de algunos dirigentes para no catastrarse en el proceso apuntando que “existe una mafia compleja”.

“Hay un abogado que representa a muchas familias de las tomas de la región. Él habla de un estado de derecho desde una perspectiva que ni siquiera tiene un sustento jurídico. Aparece un coordinador especial, dice ser coordinador especial de las Naciones Unidas. Una de las señoras que conversó el día de ayer dijo este ‘finao’ también como de una manera súper despectiva sin importar lo que hay detrás de esa historia. Entonces hay que tener también un poquito de delicadeza, lo humanitario es para las familias y lo humanitario también es para la familia Correa que sufrió este tremendo trauma y que finalmente nada le va a devolver la vida a su padre”, agregó.

En la misma línea, respecto a las personas que aún no quieren abandonar el terreno, la alcaldesa apunta a “tres responsables".

“Uno es el abogado, que ha interpuesto los recursos de protección y órdenes de no innovar, que fueron rechazados en dos oportunidades. Yo creo que el responsable también, y yo he estado con Gustavo, que es un coordinador, algo habla él de Naciones Unidas, pero la verdad es que yo no tengo cómo comprobar aquello, y lo tercero es esta dirigente, Jasmín, que ha hecho creer que este terreno ya era de propiedad de ellos, como por naturaleza, que es algo muy extraño”.

Cierre del lugar

Respecto a las medidas que se tomarán para que una vez efectuada la demolición no se vuelvan a tomar el terreno, la edil señaló que “Eso no nos corresponde a nosotros, pero si prestamos colaboración con patrullas preventivas y lo importante es que dentro de los siete días debiera producirse la entrega del terreno en devolución a la familia Correa”.

De acuerdo a lo que explicó, de manera paralela la familia irá cerrando por tramos a medida que vaya avanzando la demolición. “Entonces se va a cerrar, se van a hacer zanja y todo lo demás”, apuntó.