En junio pasado, el Presidente José Antonio Kast anunció el proyecto de ley de Responsabilidad Parental, iniciativa que busca busca “reforzar” el rol de los tutores en cuanto a la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes. Además de hacer efectiva la responsabilidad cuando se falla en el deber de ejercer ese rol.

Actualmente ese proyecto se encuentra en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, instancia que este lunes recibió a representantes de distintas instituciones y organizaciones, quienes presentaron sus dudas a la iniciativa.

Estíbaliz Pereira, abogada de la corporación Comunidad y Justicia destacó que, si bien la finalidad del proyecto es “legítima y necesaria”, junto a su equipo detectaron que incurre “en una serie de errores respecto de los medios que escoge para alcanzar este objetivo”.

Uno de los principales “problemas” expuestos por la profesional, dice relación con que este proyecto “judicializa los conflictos propios de la familia. Hay diversos modos de criar, hay diversas decisiones que tienen que tomar los padres en la crianza (...) ¿qué es lo que puede pasar? que muchas veces lo que para mí no va a ser correcto que un padre haga, para otro padre sí puede ser correcto y son diferencias totalmente legítimas".

Por otra parte, señaló que la iniciativa “establece un presupuesto bastante amplio (...) que no solamente contempla los casos en los cuales el menor cometa una actividad ilícita contra terceros, que es lo que muchas veces vemos en las calles, sino también contra sí mismo”. En ese escenario, se cuestionó “¿cómo vamos a intervenir en casos de problemas de control de sustancia o abuso de drogas? Ahí el foco no tiene que ser un procedimiento infraccional contra los padres".

A eso sumó que “este proyecto de ley utiliza conceptos jurídicos extremadamente amplios, como es por ejemplo: falta de diligencia o hábitos perjudiciales (...) Necesitamos precisión porque (el proyecto) viene a establecer sanciones”.

En virtud de lo expuesto, Pereira planteó que desde la corporación proponen que “este proyecto sea rechazado en general, porque tiene estos problemas que no vienen a resolver de forma integral el problema”.

Otro de los expositores fue el asesor legislativo del centro de estudios Idea País, José Luis Trevia, quien manifestó preocupación respecto al “deber de guía y orientación que se asigna a los directores de residencias del sistema de protección”.

Por otra parte, presentó sus reparos a la “falta de recursos asignados y colapso de los juzgados de familia. Identificamos que una de las principales debilidades de este proyecto de ley es que este no contempla recursos adicionales para las instituciones que tendrán a su cargo la implementación práctica”.

En esa misma línea, detectó un vacío respecto a cómo se financiarían las atenciones de salud mental que puedan ser requeridas por el Tribunal de Familia. Junto con ello, cuestionó las “sanciones”. “El proyecto no menciona ningún tipo de evidencia que vincule ese beneficio patrimonial a un proceso correctivo”, indicó.

En la instancia también expuso la vocera de la organización Con Mis Hijos No Te Metas, Ingrid Bohn, quien dijo compartir “el objetivo primordial de que los padres sean responsables, presentes y comprometidos con sus hijos”, sin embargo, planteó que desde la organización, están en desacuerdo con “el mecanismo que este proyecto propone para conseguir el objetivo de la crianza y la orientación”.

“Una cosa es fortalecer a las familias y otra, muy distinta, es convertir al Estado en supervisor y juez de la crianza en el interior del hogar”, sostuvo. En esa línea, planteó que “no podemos legislar basándonos en que todos los padres vulneran a los hijos. Son unos pocos y en esos hay que enfocarse”.

Bohn también cuestionó la “ambigüedad” de los conceptos que maneja el proyecto. “La iniciativa utiliza conceptos como falta de diligencia, maltrato psicológico, hábitos perjudiciales o vulneración grave, sin entregar siempre límites suficientes precisos. Y mientras más graves son las consecuencias que puede producir una norma sobre la familia, mayor debiera ser la certeza respecto de aquello que la ley prohíbe o sanciona”.

El gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Rafael Rodríguez, también intervino en la comisión. Si bien destacó aspectos del proyecto, manifestó su preocupación en respecto a “¿cómo identificar a los padres que realmente son negligentes, o que están haciendo cosas para que sus hijos cometan delitos?“.

“Quizás ese es el trabajo, y acá el proyecto de ley, lamentablemente, no recoge eso”, sostuvo.

A eso agregó: “Aquí el trabajo es poder identificar a esos cuidadores o adultos que están instrumentalizando a los niños, pero esa línea, yo creo que en este proyecto se entiende el qué, pero se confunde en el cómo”.

Rodríguez también planteó que actualmente “los tribunales de familia están colapsados”. “Si es que esta ley se aplica va a aumentar el colapso de los tribunales de familia”.

Además, señaló que se evidencia “un problema con el presupuesto”. “Deberían aumentar los costos de los tribunales de familia para poder administrar esto, y deberían aumentar los costos para poder administrar la enorme cantidad de oferta que se va a necesitar para cumplir la demanda”, indicó.