Dejando de lado sus diferencias ideológica, la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, se unió a su homóloga italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, al vincular la “inmigración descontrolada hacia Europa” con la delincuencia y respaldar la creación de centros de deportación en terceros países tras la crisis de Ceuta, que significó la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma española desde Marruecos.

“Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”, argumentan en la nota firmada por ambas dirigentes y subida este lunes a las redes sociales.

Meloni y Frederiksen sostienen que “nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal sobre nuestras sociedades”. Sin aportar fuentes, estadísticas o estudios que sustenten sus tesis, entre esos efectos citan el aumento de las tasas de criminalidad, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, destacó el diario español El País.

“Es particularmente grave cuando los migrantes ilegales, privados del derecho a quedarse en nuestros países, cometen crímenes violentos, trafican drogas o se convierten en responsables de la violencia sexual”, reiteran ambas jefas de Gobierno de Italia y Dinamarca sin aportar algún tipo de cifra o estadística que relacione la inmigración ilegal con el aumento de la criminalidad. En cambio, ambas aseguran que la ciudadanía espera “acciones concretas”.

Es por eso que ambas dirigentes abogan por la aplicación de “una política migratoria rigurosa” a nivel comunitario, y reclaman “aumentar las expulsiones” de las personas en situación ilegal y que se establezcan “centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa”, sin especificar cuáles.

Ambas mandatarias europeas ponen un énfasis especial en los inmigrantes en situación irregular, “que carecen del derecho a permanecer en nuestros países” y que “cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales” y reclaman a Europa “respuestas concretas” para “garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades”.

Meloni y Frederiksen no ven suficiente la gestión de la inmigración ilegal. Ambas arremeten contra “los millones de ciudadanos extranjeros que viven legalmente en Europa”, a los que atribuyen un supuesto interés por “imponer estilos de vida ajenos a los valores comunes que comparten millones de europeos”.

“Estamos ambas orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que aquellos que vienen a nuestros países y eligen hacer de Europa su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos estilos de vida que no compartimos”, advirtieron.

“Creemos que esta es la manera correcta de proteger Europa y nuestros valores comunes. Y creemos que millones de europeos comparten esta convicción”, concluyeron.

La alianza de Meloni y Frederiksen llega en plena escalada del enfrentamiento diplomático entre España e Italia, con el espacio de Schengen suspendido entre ambos. Tras la avalancha en Ceuta, el gobierno de Meloni decidió establecer controles en sus aduanas para los visitantes provenientes de territorio español. La medida se mantendrá, en principio, hasta el 15 de agosto ante la posibilidad de otra avalancha de migrantes en Ceuta.

Meloni ignoró el ultimátum del Ejecutivo de Pedro Sánchez que exigía ponerle fin o enfrentarse a “medidas proporcionales”. En respuesta, el gobierno español decidió restablecer temporalmente desde el sábado los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes del país transalpino.

Italia volvió este lunes a criticar la política migratoria del gobierno de Sánchez insistiendo en situar el proceso de regularización masiva puesto en marcha en España como la causa de la avalancha en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. “Ceuta ha sido un banco de pruebas y una lección: la lucha contra la inmigración ilegal es una tarea común. Decisiones unilaterales de países individuales no pueden descargar sus consecuencias en los países socios”, escribió en redes sociales el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

El también viceprimer ministro italiano defendió la creación de “hubs para las repatriaciones en África” y dijo que comparte las propuestas que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, publicó en un diario alemán, de “fortalecer Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) como una verdadera agencia europea de guardia fronteriza con personal, recursos y poderes adecuados”.

Bruselas quiso zanjar el asunto el martes de la semana pasada, en una reunión extraordinaria del consejo de ministros del Interior de la UE que concluyó con una declaración de apoyo a España. La declaración final expresó una “firme solidaridad con España” y elogió la “rápida y eficaz respuesta” de las autoridades españolas ante la crisis de Ceuta. Al mismo tiempo, los ministros coincidieron en la necesidad de “seguir luchando sin descanso contra las redes de tráfico de migrantes”, reforzar las fronteras exteriores y profundizar la cooperación con terceros países. “Pero aquel fue un cierre en falso”, comentó el diario español La Vanguardia.

Trabajo conjunto

No es la primera vez que Meloni y Frederiksen trabajan conjuntamente en materia migratoria. En mayo de 2025 ya lideraron una iniciativa conjunta para exigir mayor autonomía en la expulsión de extranjeros en situación irregular que hubieran cometido delitos graves. Ambos países cuestionaron los límites impuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y abogaron por revisar las convenciones internacionales vigentes.

Cabe recordar que Italia ya cuenta desde el 2024 con centros de deportación en Albania, que prácticamente no se han utilizado debido a problemas logísticos y jurídicos. El Tribunal de Justicia de la UE todavía tiene que dictaminar la legalidad de esta medida, que, de todas formas, ya ha quedado en gran parte obsoleta después de la reciente entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo, que permite enviar a un solicitante de asilo a otro país seguro.

Dinamarca, a pesar de tener un gobierno de socialdemócratas y liberales, aplica una de las políticas de asilo más estrictas del norte de Europa, buscando desincentivar la llegada de nuevos solicitantes y abogando por externalizar la evaluación de refugiados a centros en Ruanda.