La Contraloría General de la República lanzó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, en el cual se detectó irregularidades en áreas consideradas prioritarias: seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.

El documento reúne las observaciones realizadas a partir de fiscalizaciones entre enero de 2023 y julio de 2025. En total, incluye 62 auditorías, de las cuales 22 son reservadas por contener información sensible.

Seguridad pública

Así, este primer documento señala que se detectó que 70 de 79 centros penitenciarios de régimen cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024.

En otro punto, se registraron que 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición y 1.539 ciudadanos visitaron internos mientras se encontraban con prohibición de acceso. Además, 479 personas identificadas como “abogados privados” no pudieron acreditar su profesión.

Además, de los 79 recintos de régimen cerrado que hay en el país, solo 10 (12,7%)cuentan con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular. De hecho, la mayoría de los recintos penitenciarios (siete) solo cuenta con inhibidores para señal 2G, en circunstancias que actualmente la mayoría de los equipos móviles funcionan con tecnología 4G o 5G.

Asimismo, se estableció que pese a que los teléfonos móviles estén bloqueados por el sistema, estos de igual forma pueden conectarse a internet vía wifi. En tanto, se identificaron periodos sin bloqueo y falta de oportunidad en el bloqueo.

Incautación y destrucción de drogas

Parte de las auditorías advirtió que las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días. Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos.

Otros hallazgos reflejan que las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control.

Además, hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios.

Respecto de las acciones derivadas, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.

Control de fronteras

En este aspecto, se detectó que funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas, y no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía.

También se constató la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados.

Orden público y vehicular

Respecto de este ítem, las auditorías de la Contraloría constataron que 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas. Adicionalmente, se determinó que hubo casos de funcionarios sin examen psicológico o sin certificación para el uso de armamento menos letal.

En fiscalizaciones vehiculares, 626 vehículos encargados por robo no fueron recuperados, y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles. Además, en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron placas en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron.

Control de armas y municiones

Los informes de la CGR señalaron que se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. Adicionalmente, se observó que en la Armada no existe un sistema informático para registrar asignación y devolución de armamento.

Asimismo, en la Dirección General de Movilización Nacional, se detectaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia.