Por 122 votos a favor, 9 abstenciones y ninguno en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, con el objetivo de reducir los tiempos de procesamiento y cotejo de huellas genéticas en investigaciones penales.

Previamente, la iniciativa ya había sido aprobada en general, por unanimidad, en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ahora, con la mayoritaria votación, fue despachado al Senado.

El proyecto busca que los laboratorios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), además del Servicio Médico Legal, puedan realizar determinadas pericias de cotejo y remitir directamente sus resultados al Ministerio Público o a los tribunales. La propuesta también contempla disposiciones sobre cooperación internacional y el tratamiento de huellas genéticas en investigaciones que involucren a adolescentes.

Ministro Arrau: “Este es el cuello de botella que este proyecto viene a destrabar”

Durante su intervención ante la Sala, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que el principal problema está en la diferencia entre el tiempo que toman las policías para obtener un perfil genético y el plazo que actualmente requiere su cotejo con la base nacional.

“Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones levantan evidencia biológica en un sitio del suceso; sus laboratorios, Labocar y el laboratorio de la PDI (...) son capaces de determinar una huella genética en un plazo cercano a 10 días. Sin embargo, esa misma huella genética debe esperar en la práctica entre 8 y 10 meses para que el Servicio Médico Legal (...) la coteje con la base de datos nacional”.

El ministro afirmó que la iniciativa busca reconocer una capacidad técnica que las policías ya poseen y sostuvo que no se trata de crear una nueva función. “Ese es el cuello de botella que este proyecto viene a destrabar”, señaló.

Arrau agregó que, al 31 de diciembre de 2024, Carabineros había aportado el 57,25% de los 7.640 perfiles genéticos acumulados en el Registro Nacional de ADN. También destacó el respaldo que, según expuso, recibió la propuesta del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y la Defensoría Penal Pública.

Diputados destacan rapidez, pero plantean reparos sobre garantías y adolescentes

Entre los parlamentarios que respaldaron la iniciativa estuvo la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien valoró utilizar la capacidad científica existente en las policías, aunque advirtió sobre la necesidad de reforzar la trazabilidad y custodia de la información genética. También planteó dudas sobre la incorporación de adolescentes al sistema y anunció su voto favorable.

El diputado Felipe Camaño (IND) sostuvo que el proyecto permitiría utilizar una herramienta científica para identificar responsables, pero también descartar a personas que no participaron en un delito. “No podemos tener tecnología disponible y permitir que la burocracia termine atrasando una investigación”, afirmó.

Desde una posición crítica, el diputado Marcos Barraza (PC) manifestó que la descentralización del cotejo debe ir acompañada de garantías técnicas equivalentes. Advirtió que acreditar al profesional no necesariamente equivale a acreditar el laboratorio completo y cuestionó la ausencia de reglas claras frente a eventuales resultados contradictorios entre instituciones.

También anunció que votaría en contra del artículo referido a adolescentes, aunque a favor de que el proyecto continuara su tramitación.

Por su parte, el diputado Cristian Contreras (PDG) también anunció que aprobaría el proyecto en primer trámite, pero expresó reparos respecto de los riesgos que, a su juicio, podría generar un registro genético centralizado.

Reserva de constitucionalidad por incorporación de adolescentes

Tras la aprobación de la iniciativa, el diputado Jaime Bassa (FA) formuló una reserva de constitucionalidad respecto del artículo 3°, específicamente por la incorporación de niños, niñas y adolescentes infractores al Sistema Nacional de Registro de ADN.

“Hacemos reserva de constitucionalidad del artículo 3º respecto a la incorporación de niños, niñas y adolescentes infractores al Sistema Nacional de Registro de ADN, porque desconoce el principio constitucional de especialidad de la responsabilidad penal adolescente, vulnerando el artículo primero, el quinto, inciso segundo, los artículos 19, número 2, 4 y 26, así como el artículo 64 de la Constitución”, expresó.

El legislador argumentó que la disposición establecería un tratamiento que, a su juicio, no distinguiría adecuadamente entre adolescentes y adultos en materia penal.

“La norma vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, número 2 de la Constitución toda vez que asimila al tratamiento penal de situaciones relevantes diferentes. Así da lugar a una discriminación por indiferenciación al equiparar adolescentes y adultos en una materia en que sus diferencias de desarrollo, culpabilidad y fines de la intervención penal exigen un estatuto diferenciado y reforzadamente protector”, planteó.

Bassa añadió que la disposición también entraría en tensión con otras normas constitucionales relativas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“La norma vulnera también los artículos primero y quinto de la Constitución, porque no podemos olvidar que los niños son también titulares de derechos”, concluyó.