La Cámara de Diputados aprobó en general por 128 votos y dos abstenciones el proyecto de ley que busca fortalecer las facultades de la Superintendencia de Salud, despachando la iniciativa a su segundo trámite legislativo en el Senado.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, busca mejorar la fiscalización a los prestadores de salud, además de garantizar una atención segura y de calidad para los pacientes. En este sentido, crea nuevas figuras que tendrán funciones de control, transparencia y gobernanza, como el Intendente de Prestadores de Salud y la conformación de un Consejo de la Superintendencia.

Así, crea 25 nuevos cargos dentro del organismo, que estarán enfocados en fiscalización, calidad, protección de derechos, sanciones y regulación, lo que entrará en ejecución seis meses después de la promulgación de la ley.

Tras ser discutido en las comisiones de Hacienda y de Salud, pasó a la Sala de la Cámara, donde fue respaldado por los legisladores, enviándolo a un segundo trámite legislativo en el Senado.

Ministra Aguilera releva ejes del proyecto

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, presente en la Sala, valoró el respaldo prestado el proyecto en las comisiones específicas y, sobre este, relevó que “moderniza el sistema de salud tal como nos comprometimos con esta Cámara y con el Senado”.

“Este proyecto pone al centro del sistema verdaderamente a la persona, independiente del seguro o del prestador con el cual se atienda. Es a la persona a la que se le garantiza su derecho, su garantía a la calidad en la atención, garantía que se creó hace 20 años, con la Garantía Explícita de Salud (GES) en una institución que ha sabido fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la ley de Derechos y Deberes y otras leyes que han permitido generar mayores garantías hacia la población”, agregó Aguilera.

En su intervención, la autoridad resumió los ejes del proyecto y enfatizó que con su aprobación hay cuatro transformaciones principales: la creación del consejo de la Superintendencia, fortalece la Intendencia de Prestadores de Salud, moderniza el sistema de acreditación de prestadores y refuerza el régimen de sanciones que podría aplicar el organismo, tanto en el sistema público y privado.

De igual forma, la secretaria de Estado pidió rechazar una indicación incluida en la Comisión de Hacienda, relacionada al “arbitro arbitrador” y que, de persistir, obligaría a la judicialización de los reclamos de los pacientes con los recintos médicos, en vez de resolverse por la vía administrativa.

Nuevas competencias de la Superintendencia de Salud

El proyecto de ley le entrega nuevas facultades de fiscalización al organismo, con las cuales podrá supervisar el funcionamiento de los prestadores y aseguradoras del sistema, tanto públicas como privadas.

Así, se reforzará que en sus potestades sancionatorias y se aumentan las multas hasta 10.000 UTM por infracciones graves (más de $695 millones). Asimismo, se faculta al organismo a dictar instrucciones generales de cumplimiento obligatorio para prestadores y aseguradores.

También se crea un Sistema Nacional de Certificación de Especialidades y Subespecialidades Médicas, que igualmente se aplicará a otras profesiones de la salud. Será tarea de la superintendencia coordinar este sistema con universidades y entidades acreditadas por el Ministerio de Salud.

El objetivo será asegurar estándares de calidad y transparencia en los procesos de certificación profesional.

La modificación a la norma actual además redefine el rol de la Intendencia de Prestadores de Salud. Ahora, la entidad asumirá la fiscalización técnica de los prestadores, la supervisión del cumplimiento de protocolos de calidad y seguridad, y la aplicación de sanciones.

Junto a esto, se fijan nuevos plazos para corregir irregularidades y establece procedimientos de apelación ante las sanciones impuestas.

En materia de pacientes, refuerza su derecho y se establece el derecho a obtener copia íntegra y gratuita de la ficha clínica, ya sea en formato físico o digital.

Los prestadores de salud deberán contar con canales de atención de reclamos supervisados por la superintendencia y se incorporan requisitos de transparencia financiera y médica.