Capitán de Ejército denuncia "red de protección a la corrupción" en la institución

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De acuerdo a las acciones que ha presentado el capitán Rafael Harvey, en la institución se asciende a quienes incurren en hechos sancionados tanto en el Código Penal como en el Código de Justicia Militar, en desmedro de quienes denuncian, como a él, a quien intentarían dar de baja.




De acuerdo a lo que establece el artículo 131 del Código de Justicia Militar, empleados públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan "conocimiento de haberse cometido un delito comprometido en la jurisdicción militar" están obligados a denunciarlo. Sin embargo, cumplir con dicha "obligación", le ha significado al capitán Rafael Harvey Valdés (38) un verdadero estancamiento en su carrera.

Así lo deja entrever por medio de la serie de acciones que ha presentado en tribunales, buscando que quienes denuncien hechos de corrupción al interior de la institución cuenten con la debida protección, pues él, ya está al borde "de la baja". Esto, según indica en sus acciones, por haber revelado anormalidades administrativas.

Pese a que por estos días está en manos del ministro Alberto Espina firmar su baja de las filas de la institución castrense, Harvey se ha jugado la que sea, quizás, la última de sus cartas como capitán de Ejército para terminar con los "secretismos y con la cultura del encubrimiento". El pasado 25 de octubre interpuso un recurso de protección en contra de la Junta de Apelaciones de Oficiales del Ejército de Chile y el general de brigada Germán Daniel Marx González, comandante de Personal.

Como da cuenta en el documento de 54 páginas, habría un actuar ilegal y arbitrario en dicha instancia de evaluación, por cuanto se ha favorecido a algunos funcionarios, a pesar de que existan investigaciones en su contra, en desmedro de quienes denuncian. Señala, además, que el propio Marx González "estando en pleno conocimiento que dos oficiales y un clase estaban procesados por fraude al Fisco, favoreció la promoción y ascenso de estos al grado superior, en un acto contra ley".

Al ser consultado Marx por esta situación por el general de división Miguel Alfonso Bellet, y sobre las razones para negar el ascenso a Harvey (quien fue el único de 140 funcionarios que mantuvo el rango), no habría entregado respuestas ni explicaciones.

A 40 días de haber sido interpelado, de acuerdo a la versión del recurrente, explicó que este no podía ascender "paradójicamente, aduciendo justamente que por los mismos motivos legales que no fueron observados en los tres casos señalados", pues se encuentra procesado por sedición impropia.

Haciéndose cargo de aquello, considera que el delito de sedición por el cual se le procesó, y por el cual estuvo en prisión preventiva 3 semanas y arriesga 7 años de presidio, no sería tal. Indica que se abrió la causa solo por instar a soldados conscriptos que habían presenciado ilícitos al interior de la institución a hablar.

Para el capitán hay una verdadera red de protección, donde se discrimina descaradamente a quienes denuncian, ya que todos los altos mandos, de acuerdo a su versión, están en conocimiento de esto, pero no toman medida alguna.

"La denegación de ascenso al suscrito contenida en dicho oficio, aun cumpliendo todos los requisitos, en desmedro de los casos documentados de personal de oficiales y suboficiales que han defraudado al Fisco en altas sumas de dinero, constituyéndose en un requisito de ascenso dicha defraudación por sobre quienes cumplen con el deber de denunciar", versa el recurso.

Estas situaciones, que incluso dice haber puesto en conocimiento del Comandante en Jefe del Ejército en una reunión celebrada el pasado 12 de septiembre, para él, develan una eventual "red de protección a la corrupción que engaña a la autoridad Presidencial, ascendiendo a quienes defraudan al Fisco y no cumplen las exigencias legales".

Para graficar aquello, Harvey adjunta al recurso el siguiente recuadro:

A estos, además, agrega el caso de la sargento segundo Jacqueline Carrasco, hecho que denuncia "es aún más doloso e impresentable", puesto que estando ella procesada por cohecho fue ascendida. "Habiendo incluso confesado en su declaración judicial en el proceso que recibió de parte de un proveedor vinculado al caso del Fraude en el Ejército, conocido como ¨Milicogate¨, la suma de 3.000.000 (tres millones), fue ascendida al grado superior", sostiene.

"No conforme con ascenderla, contando el Juez Militar con esta información, la ha mantenido trabajando en el Depto. Finanzas, como asesora en la II División Motorizada", agrega.

Adicionalmente, expone su situación así:

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