Detenido en Argentina quedó un hombre de nacionalidad chilena, identificado como Francisco Javier Bustos Nieto (38), requerido por la justicia paraguaya en una investigación por la presunta sustracción de su hija de dos años, de inicial M., en medio de un conflicto judicial por el cuidado personal de la menor que también involucra resoluciones dictadas por tribunales chilenos, las que, de acuerdo a la familia del hombre aprehendido, no han sido cumplidas por la madre de la mejor.

La captura se produjo este jueves en la ciudad de Resistencia, provincia argentina del Chaco, luego de una coordinación entre las policías de Paraguay, Argentina e Interpol, activada tras la denuncia presentada por la madre de la niña, Diana Belén Rojas.

En paralelo, la abuela paterna de la menor fue detenida en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Chile.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades paraguayas, Bustos incumplió un régimen de relacionamiento provisorio autorizado por la justicia. El miércoles concurrió junto a la abuela paterna hasta la guardería donde asistía la niña para iniciar una visita autorizada, la que debía extenderse por tres horas.

Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el padre no restituyó a la menor, dejó de responder los mensajes de la familia materna y argumentó problemas mecánicos en su vehículo, según informó el Departamento de Búsqueda y Localización de Paraguay.

Familia del padre cuenta su versión

A través de un comunicado al que accedió La Tercera, la familia Bustos Nieto sostuvo una versión distinta de los hechos y afirmó que el conflicto se originó tras el incumplimiento de un permiso notarial que autorizaba el viaje temporal de la menor a Paraguay.

De acuerdo al escrito, fue a fines de 2025 cuando Francisco Bustos autorizó la salida de su hija de Chile, a través de un permiso notarial, para que viajara junto a su madre hasta Paraguay, país de origen de la progenitora.

La intención del permiso era que la niña pudiera pasar Navidad con la familia materna. “Dicha autorización establecía expresamente que M. debía regresar a Chile el 5 de enero de 2026″, expone la declaración.

“Ese retorno a Chile nunca se concretó”, agregan.

Según señala la familia paterna, luego de ese incumplimiento, Francisco Bustos recurrió a las instancias legales para lograr la restitución de su hija al país.

“En Chile existía un régimen de cuidado personal compartido aprobado judicialmente, el cual fue vulnerado al no producirse el regreso de M. al país”, sostienen.

Asimismo, aseguran que los tribunales chilenos, luego de meses de tramitación, establecieron “ilícita” la retención de la niña y se dictó que debía ser devuelta a Chile. Con ese antecedente se continuó la tramitación en Paraguay, donde -afirman- se volvió a decretar que la niña debía ser devuelta al país desde donde salió.

“Durante todo este proceso, Francisco ha respetado cada resolución judicial, ha comparecido a todas las audiencias, ha colaborado con las autoridades de ambos países y ha agotado todas las herramientas legales disponibles”, agrega la familia.

Asimismo, acusan que durante el desarrollo del proceso judicial la madre de la menor ha hecho “acusaciones de extrema gravedad contra Francisco”, las que son rechazadas por los firmantes.

“Sostenemos que no existen denuncias, condenas ni antecedentes judiciales que acrediten maltrato, violencia o cualquier otro hecho de esa naturaleza en su contra”, suman en defensa de las acusaciones contra el padre.

En esa línea, rechazaron que Bustos haya cometido un secuestro o incumplido resoluciones judiciales.

“Francisco no ha secuestrado a su hija ni ha incumplido resolución judicial alguna. El conflicto surge precisamente porque el régimen de cuidado personal compartido vigente en Chile fue desconocido al no restituirse a M. a Chile en la fecha autorizada”, señalan.

“Francisco confió en el Estado de Chile cuando autorizó el viaje temporal de su hija. Confió en que el poder notarial sería respetado y en que, si dicho compromiso era incumplido, las instituciones actuarían para resguardar los derechos de M. y hacer cumplir las resoluciones judiciales que ordenan su restitución a Chile”, cuestionan como familia.

Agregan que “actualmente se encuentra pendiente la ejecutoria de la sentencia de restitución a Chile. Existe una legítima preocupación de que esta resolución también sea incumplida, considerando que ya fue vulnerada la autorización notarial que obligaba al regreso de M. a Chile el 5 de enero de 2026″.

La familia también acusa que durante el proceso, Francisco ha recibido amenazas de muerte.