Este lunes 24 de agosto, Carabineros oficializó una orden general que venía trabajando desde hace un tiempo. En el escrito firmado por el general director, Marcelo Araya, se oficializó la actualización de la metodología con la que la policía uniformada distribuye a su personal, específicamente, apenas egresan.

Dicho documento, al que tuvo acceso La Tercera, se denomina “Metodología para la distribución de egresos desde planteles de formación de Carabineros de Chile a cuarteles operativos territoriales y fronterizos”.

Según se lee en la misma orden general, la actualización al método se da “como respuesta a las demandas de servicios policiales en un contexto de déficit de recursos, con la finalidad de generar equidad en el nivel de servicio ofertado a la comunidad”.

La nueva regulación es una actualización a la que regía desde 2018. Si bien la normativa fue aprobada esta semana, su génesis se remonta a las primeras modificaciones realizadas en 2024 tras una colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Universidad Católica que concluyó en 2025.

La metodología recientemente aprobada, si bien mantiene la lógica histórica, introduce nuevas variables y factores. Además busca estandarizar, tecnificar y disminuir la discrecionalidad a la hora de destinar a nuevos funcionarios. Según el propio documento, la nueva versión propone “la reducción de las variables que componen la fórmula de jerarquización existente y la utilización de un nuevo índice de vulnerabilidad social delictual, presentando además, nuevos procedimientos matemáticos para el cálculo de la jerarquía comunal y la asignación nominal de egresos”.

El coronel Emilio Teixidor de la Dirección de Gestión de Personas, explica que la actualización se debe a que “la sociedad va cambiando y eso es algo permanente. Este cambio es básicamente para ir actualizándonos y para estar al día con los requerimientos que tienen las diferentes unidades. Muchas veces hay comunas que tienen un crecimiento explosivo, y la realidad con que se evaluó la unidad de Carabineros en un comienzo, por ejemplo, hace dos o tres años atrás, cambió radicalmente”.

El nuevo cálculo

La nueva metodología sigue la línea de calcular un factor de necesidad de funcionarios a partir de una fórmula matemática que integra diferentes índices.

Dicho cálculo considera las estadísticas por comuna de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el Índice de Cobertura de Demanda Policial (ICDP) y el índice de Vulnerabilidad Social Delictual. Este último, a su vez, corresponde al cálculo de la ponderación de una serie de factores comunales, como lo son los índices de delitos, datos socioeconómicos, índice de violencia contra la mujer, infracciones contra niños, niñas y adolescentes, población comunal y hasta los recursos municipales.

Según plantea la nueva regulación, “los criterios que sustentan el objetivo de la presente metodología conllevan la priorización y refuerzo en la asignación de funcionarios donde las brechas entre los niveles de vigilancia de oferta y demanda son más profundas y la vulnerabilidad social es mayor, alineando con ello el uso estratégico y eficiente de recursos en contextos donde se logren identificar una mayor cantidad de delitos, atendiendo a su gravedad y considerando los niveles percepción de inseguridad”.

Todos esos datos se trabajan con diferentes fórmulas matemáticas para llegar al índice con el que Carabineros determina -a través de software- el número de funcionarios que se requieren en cada comuna. Una vez determinado dicho índice, la Dirección de Personal de Carabineros (Dipecar) comienza a distribuir a los nuevos egresados por etapas y priorizando aquellas zonas con mayor déficit de funcionarios.

“Es de suma relevancia reconocer y compensar activamente las distinciones territoriales en seguridad, relevando aquellas comunas y barrios que mantienen mayor vulnerabilidad sociodelictual, con el propósito de contribuir con la protección policial donde el riesgo y la desorganización social se concentran, ello en armonía con la idea de ‘focalización estratégica’, presentada como orientación estratégica en la Política de Seguridad Pública vigente”, agrega el documento.

El coronel Teixidor sostiene que “nos estamos adecuando a los tiempos, a las nuevas necesidades que tiene hoy la sociedad y los requerimientos que tenemos como institución. Estamos incorporando, por ejemplo, la ENUSC. También tenemos un índice de vulnerabilidad que tienen algunas comunas, lo estamos incorporando dentro de nuestras variables para la asignación de medios, tanto en personal como en medios logísticos”.

“Tenemos criterios preestablecidos, que son medibles, para asignar recursos, pero lo que buscamos es que haya una equidad en la distribución de los recursos de Carabineros por todo el territorio. Independiente de si es Santiago, Arica o Antofagasta”, agrega el coronel, quien explica que pese al estándar fijado igualmente se pueden realizar ajustes o distribuciones diferenciadas de funcionarios según la temporalidad, por ejemplo, cuando durante el verano ciertas comunas costeras requieren de más carabineros, mientras que en el inviernos la necesidad se traslada a las zonas cordilleranas.