Fue la semana pasada cuando el abogado Patricio Zapata emprendió acciones idénticas en cuatro jurisdicciones distintas. Como representante de notarios o conservadores, el constitucionalista ingresó cuatro amparos económicos con el objetivo de plantear que una norma incluida en la reforma notarial y registral impide la actividad económica de sus representados al dejarlos fuera de sus oficios discriminando solo por razones de edad, es decir, por tener más de 75 años, la edad de jubilación que aplica para todo el Poder Judicial.

Zapata lo hizo con el conservador de Santiago Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch ante la Corte de Santiago. Eso mismo fue replicado en la Corte de Chillán a favor del notario y conservador de Quirihue Raúl Leiva Uribe-Echeverría. En la Corte de San Miguel lo hizo a favor de la notaria de Melipilla Rosemarie Mery y en la Corte de Iquique por el notario y conservador de Pozo Almonte Arnoldo González y el notario de Iquique Néstor Araya.

Todos esos recursos fueron declarados inadmisibles y fueron tramitados de la misma forma, es decir, como un amparo económico visto en cuenta por una sala de tres ministros; excepto uno. Se trata de la resolución que emanó de la Corte de San Miguel y que generó ruido en el mundo judicial porque rompió por completo la manera en que debe tramitarse este recurso.

Zapata ingresó el amparo de Mery un viernes y, de forma excepcional, en menos de 24 horas la ministra Sylvia Pizarro, un sábado, lo admitió a trámite. El problema es que lo hizo como si fuera un amparo constitucional del artículo 20 -de esos que se usan para detenciones ilegales- cuando en realidad se trata de un amparo económico del artículo 21 de la Constitución.

Ese mismo día, en su resolución, Pizarro dio un plazo de 24 horas para que el Ministerio de Justicia presentara un informe y así resolver las alegaciones presentadas. Esto siguió así hasta que el lunes 13 de abril el abogado Álvaro Sáez, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se hizo parte del recurso y le hizo ver a la magistrada que estaba tramitando mal el amparo económico.

“La Ley 18.971, que regula este recurso especial de amparo económico, no establece un plazo para emitir informe ni menos establece un lapso de horas como se ordenó en este procedimiento. Además, no se trata de un amparo constitucional, establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República”, se lee en el escrito del CDE.

Un día después, el martes 14 de abril, Zapata intervino otra vez en la causa -la única que hasta ahora ha sido admitida a tramitación- para pedirle a la corte que certifique la existencia de este recurso pendiente. Con eso dejó en evidencia que la estrategia judicial de los notarios de más de 75 años -que la reforma los pasa a jubilación de manera obligatoria- es armar una gestión pendiente para recurrir de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional (TC).

Como este es el único recurso que ha tenido éxito, el mundo notarial lo está viendo con interés. Por eso el miércoles el notario de Talcahuano Omar Retamal, de 85 años, se sumó al recurso de la notaria Mery. “Soy notario público de Talcahuano y me encuentro en la misma situación que la actora de autos, en tanto, los hechos que ella denuncia en su libelo me afectan de igual manera atendida mi calidad de notario público con más de 75 años de edad”, se lee en su escrito.

Retamal agregó que tiene “un desempeño sobresaliente” y puede indicar que se encuentra “en buenas condiciones generales de salud” y en pleno uso de sus “facultades mentales, para poder ejercer actos directivos, profesionales, u otros”.

Ante la arremetida de Retamal, el CDE volvió a hacerle un “parelé” a la corte. En un nuevo escrito, esta vez solicitó formalmente que, al igual que lo hicieron las cortes de Santiago, Iquique y Chillán, se declare inadmisible el amparo económico de la notaria Mery.

“La formulación de un recurso de amparo económico requiere fundar la infracción en hechos concretos y determinados, pero en este caso queda en evidencia que no existe acto u omisión atribuible al Ministerio de Justicia, que pueda ser motivo de un pronunciamiento, porque el recurrente reconoce que el reproche es a una norma legal, con lo cual el recurso se torna inviable”, plantea el CDE en su escrito.

Al finalizar en su recurso de reposición, el CDE también apuntó a la estrategia de ir al TC: “Tal como lo advertimos, este recurso de amparo económico tiene por objeto servir de trámite pendiente para que mediante un recurso (de) inaplicabilidad por inconstitucionalidad el recurrente obtenga un pronunciamiento que le puede favorecer y que pueda ser objeto finalmente de una decisión de esta corte conforme eventualmente resuelva el Tribunal Constitucional”.