Preocupación existe entre varios funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) a raíz de retrasos en la toma de razón del decreto que oficializa el nombramiento del exdiputado Frank Sauerbaum (RN) como director de la entidad.

Si bien lo anterior parece simplemente una cuestión administrativa o un asunto de formalidades, en la práctica tiene efectos que podrían implicar sanciones contra quienes hoy se desempeñan en el organismo. Al no estar totalmente visada la designación del excongresista como titular del servicio, hay otros actos que no se han concretado.

Es el caso de las declaraciones de patrimonio e intereses que deben realizar profesionales conforme lo establece el artículo 4° de la Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública. Dado que el decreto de nombramiento -que data del 20 de marzo- sigue en tramitación, no aparece habilitado en el sitio donde se deben ingresar los formularios de los funcionarios, lo que impide que ellos puedan cumplir con dicha exigencia, al igual que quienes fueron cesados en sus cargos tras el cambio de administración.

Por lo mismo, el pasado 18 de mayo, el exsubdirector del servicio Mario Yáñez hizo una presentación en Contraloría solicitando un pronunciamiento y fiscalización a lo que consideran es un incumplimiento institucional que lo afecta tanto a él como el resto de las personas que se desempeñan y desempeñaban ahí.

“En el caso del Servicio Nacional de Migraciones, no ha sido designado ni habilitado conforme a derecho el jefe de Servicio como la autoridad responsable de la institución en el sistema institucional de declaraciones, por cuanto su nombramiento aún no aparece como totalmente tramitado, lo que es indispensable para activar, validar y habilitar el acceso de los funcionarios declarantes a la plataforma electrónica. Tal omisión administrativa, es de conocimiento de la autoridad respectiva, sin que a la fecha se hayan adoptado las medidas de gestión institucional necesarias para subsanarla“, se lee en la presentación de seis páginas, a la que que tuvo acceso La Tercera.

Dado lo anterior, expresó que “resulta materialmente imposible para el suscrito -así como para todos los funcionarios obligados del mismo servicio- efectuar la declaración dentro del plazo legal, toda vez que el sistema no se encuentra operativamente habilitado a nivel institucional. Al respecto, en el mes de marzo realicé mi declaración, quedando en estado de borrador, por cuanto no existe jefe de servicio en la plataforma, lo que no permite, asimismo, continuar con el proceso de declarar una vez dejado el cargo, ya que con fecha 28 de abril cesé en mis funciones”.

El problema, agregó en el mismo documento, es que tanto él como otros profesionales se “encuentran impedidos de cumplir la ley por causas que les son ajenas, configurándose un escenario de incumplimiento generalizado e inducido por la propia administración, susceptible de derivar en la aplicación injusta de las sanciones”, lo que incluye multas que van entre las 5 y 50 UTM e incluso la destitución.

De acuerdo con lo planteado, acá no se estaría ante retrasos o incumplimientos imputables a Contraloría -por la no toma de razón-, en tanto el Decreto Supremo N° 2 de 2016 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia prevé herramientas operativas -entre ellas el perfil de administrador del sistema DIP- que permitirían al jefe de servicio actuar.

“Por consiguiente, la falta de designación, habilitación o supervisión del administrador institucional no exime al jefe de servicio de su responsabilidad, sino que es precisamente expresión de su incumplimiento, toda vez que la operatividad del sistema depende, en última instancia, de su dirección y gestión institucional", enfatizó el otrora funcionario.

Pero Yáñez no es el único que recurrió a Contraloría por el asunto. También lo hizo el exdirector Luis Thayer, quien denunció que ante la ausencia de Sauerbaum en el sistema, es él quien aún recibe notificaciones a su correo personal de funcionarios que intentan cargar su respectiva declaración, lo que claramente estaría fuera de la norma.

Como pudo conocer este medio, así lo planteó tanto en un correo de mediados de mayo al encargado de la plataforma de declaraciones de la Contraloría, como en una denuncia que formalizó días después.

“Con posterioridad a mi cese he continuado recibiendo en mi correo electrónico notificaciones, recordatorios y comunicaciones asociadas al Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio, como si aún mantuviera la calidad de autoridad o funcionario obligado en ejercicio. Tal situación no se condice con mi actual calidad jurídica y funcionaria, desde que ya no ejerzo el referido cargo ni detento las facultades, atribuciones o deberes que le son inherentes, razón por la cual la mantención de dichas notificaciones aparece improcedente y da cuenta, prima facie, de una falta de actualización o regularización de mis antecedentes en el sistema respectivo”, se lee en la denuncia de Thayer.

De acuerdo con antecedentes que pudo revisar este medio, al menos hasta el 27 de mayo el decreto de nombramiento de Sauerbaum aún se encontraba en análisis en la División de Función Pública de Contraloría.

Si bien en varias ocasiones sucede que decretos tardan en estar totalmente tramitados, en esta ocasión, de acuerdo con funcionarios que se desempeñan actualmente en el Servicio Nacional de Migraciones, la tardaza obedecería a observaciones que habría hecho el organismo que lidera la contralora Dorothy Pérez que no han sido subsanadas.

La Tercera consultó por estos antecedentes al equipo de comunicaciones del Sernamig, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.