Chile cambió y con él también la forma de pensar las ciudades. Así lo evidencia la entrega de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), documento considerado un hito en la planificación urbana del país para los próximos entre cinco y diez años. Nacida en 2014 como una política de Estado bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la PNDU ahora fue revisada a fondo por el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), órgano asesor del Presidente de la República, tras un período marcado por transformaciones profundas: el estallido social, la pandemia, el agravamiento de la crisis climática y un déficit habitacional creciente.

Así, la nueva versión incorpora 13 principios rectores y ocho ámbitos temáticos. El enfoque ya no se limita a la “ciudad compacta”, sino que avanza hacia urbes de proximidad, con centralidades más articuladas, integración de servicios y acceso equitativo a bienes públicos. También refuerza conceptos de sustentabilidad y resiliencia, regeneración de barrios, integración entre zonas urbanas y rurales, y protección de suelos agrícolas.

El documento fue entregado al Presidente Gabriel Boric el pasado 12 de agosto y ahora está a la espera de su revisión y próxima promulgación.

La relevancia de la PNDU se ha notado en los últimos años: luego de su creación se han impulsado más de 700 iniciativas inspiradas en sus principios y lineamientos. Entre ellas destacan la Ley de Integración Social y Urbana, la reforma que permitió la elección de gobernadores regionales, así como medidas en seguridad vial y movilidad sustentable.

Según la presidenta del CNDT, Paola Jirón, estos avances muestran cómo una política de largo plazo puede traducirse en cambios concretos en las ciudades y en la calidad de vida de sus habitantes.

“La resiliencia implica que nuestras ciudades deben estar preparadas para enfrentar desastres socionaturales que se intensifican con el cambio climático, como marejadas, incendios o desbordes de ríos. También reconocemos el impacto del envejecimiento poblacional, lo que plantea la necesidad de diseñar ciudades accesibles y con servicios adecuados para personas mayores”, agrega Jirón.

Entre los cambios más relevantes la política suma la descentralización, la pertinencia territorial y la interseccionalidad, junto con la equidad y la participación.

El documento también busca vincular planificación e inversión, entregando mayor certeza a proyectos productivos y de infraestructura. Sobre este punto, Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y consejero del CNDT, sostiene: “Un gran avance es que quede consignado en la política que no podemos construir viviendas sin considerar la accesibilidad y los servicios que esos espacios requieren. La infraestructura y los servicios no pueden llegar tarde; deben anticipar la habilitación”.

El CNDT, creado en 2013, reúne a 49 representantes de la academia, organizaciones sociales, gobiernos regionales y profesionales ligados al urbanismo, vivienda e infraestructura. Desde su nacimiento ha acompañado la implementación de la PNDU de 2014.

Para esta actualización, el consejo desplegó 14 sesiones de comisión, 32 de subcomisiones, 16 diálogos regionales y una consulta en línea con más de mil respuestas.

Eje habitacional

El déficit habitacional fue uno de los temas que marcó la discusión. Bárbara Callejas, consejera del CNDT y directora de la Inmobiliaria Social de Techo-Chile, advierte que “las familias en campamentos se han casi cuadruplicado en los últimos 15 años, y el instrumental de política pública no ha dado abasto. La solución tradicional de la vivienda en propiedad se ha encarecido y ha beneficiado a menos hogares. Ampliar el tipo de soluciones disponibles es fundamental para revertir la tendencia al alza”.

La consejera recalca que la PNDU no puede limitarse a un enfoque “viviendista”. “Los problemas de los hogares en asentamientos informales exceden el acceso a la vivienda. En su raíz hay causas sociales profundas como trampas de pobreza o quiebre de trayectorias vitales”.

Por lo mismo, dice, el principio de integralidad es clave para abrir el diálogo con otras políticas sectoriales en ámbitos como salud, educación o niñez. “Además, la planificación integrada y la gestión de suelo son cruciales”, apunta.

La falta de actualización de los instrumentos de planificación también fue puesta sobre la mesa. Según Callejas, “un 50% de los campamentos se encuentra en comunas cuyo plan regulador lleva más de 15 años sin actualizarse, y un 84% se ubica en zonas de riesgo, muchas veces sin que las familias sepan que están expuestas a desastres naturales. Eso dificulta la regularización y exige inversión en mitigaciones”.

Para Cruz, el vínculo entre planificación e inversión es otro de los aportes centrales de la nueva PNDU: “Integrar carreteras, transporte público, agua, energía y telecomunicaciones en una sola visión permitirá mayor certeza al ejecutar proyectos. Si además sumamos normas claras y mecanismos de resolución de controversias con plazos respetados, se fortalecerá la certeza jurídica que tanto se demanda”.

Con esta hoja de ruta, el objetivo central de la PNDU es promover equidad territorial mediante un desarrollo sustentable, descentralizado y articulado, que priorice el bienestar de las personas y la convivencia social. Como sintetizó Jirón, “esta es una política que reconoce la diversidad de los territorios, construida con las comunidades, y que busca fortalecer la gobernanza regional y local”.