A eso de las 9.30 horas de este lunes, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron con orden judicial en mano para ingresar hasta las dependencias del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago ubicado en el Centro de Justicia, en avenida Pedro Montt.

La diligencia había sido instruida por la fiscal Alejandra Vargas, de la Fiscalía Local de San Bernardo, quien indaga posibles filtraciones de antecedentes a miembros de organizaciones criminales. Un hecho calificado como gravísimo ya que implicaría un nuevo caso en que las redes ilícitas estarían llegando al Poder Judicial.

Este nuevo caso hizo recordar lo ocurrido en abril pasado, cuando quedó al descubierto que la jueza Cherie Palomera, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, habría mantenido nexos con bandas vinculadas al crimen organizado. Según antecedentes del Ministerio Público, ella habría mantenido cercanía con imputadas e intervenido en sus causas sin inhabilitarse.

Pero ahora, como indican entendidos en la materia, los hechos podrían ser incluso peores. De acuerdo con las pesquisas, el funcionario habría brindado información reservada sobre procesos a distintas bandas que eran investigadas, a cambio de retribuciones económicas.

Según pudo conocer este medio, las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente se iniciaron a partir de una causa por tráfico de drogas que se seguía ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. En ese proceso se advirtió que los imputados habían sido alertados previamente de las medidas intrusivas que se habían dispuesto a su respecto. Sabían, por ejemplo, cuándo se estaban preparando allanamientos o incautaciones, por lo que estaban preparados ante distintos escenarios.

Siguiendo esa pista, los investigadores establecieron que el sujeto compartía antecedentes de informes y de procedimientos de las policías con una serie de estructuras criminales que lo contactaban. También, como indican conocedores de las diligencias, había individuos que le pedían revisar si eran imputados en algún proceso.

Con base en esos antecedentes, la fiscal Vargas logró una orden de entrada y registro para las dependencias del Centro de Justicia y de otras direcciones que habían sido informadas por él.

Igualmente, obtuvo una orden para detener al funcionario que se desempeña en el mencionado tribunal penal por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secreto y revelación de secreto de la Ley 20.000.

Dado que el funcionario en cuestión se encontraba con teletrabajo, desde su lugar de trabajo solo se incautaron equipos tecnológicos y documentación.

Como la autorización que obtuvo la persecutora también incluía domicilios personales del imputado, estos también fueron allanados y se logró su detención y la incautación de otros elementos.

La formalización del funcionario judicial se desarrollará la jornada de este martes, a partir de las 10.30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El caso abrió cuestionamientos a los mecanismos de seguridad del sistema informático del Poder Judicial. Más aún cuando, aparentemente, el funcionario imputado habría accedido a información de otros tribunales distintos del suyo.