Uno de los legados que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pretendía dejar en materia de resolución del conflicto territorial con el pueblo mapuche eran los acuerdos que se alcanzaran en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que después de dos años y un costo $1.558 millones, el grupo de nueve integrantes transversales evacuó un informe de 198 páginas.

Entre las 21 recomendaciones estaba la la realización de una consulta indígena enfocada exclusivamente en el pueblo mapuche y centrada en la propuesta de un nuevo sistema de tierras. Era una de las medidas cruciales a realizar.

El gobierno anterior inició las gestiones para implementarla prácticamente de inmediato, apenas recibido el documento con las recomendaciones. El legado en la materia estaba en juego y a ojos de esa administración, nada aseguraba que un nuevo gobierno siguiera impulsando la materia.

Sin embargo, sostenidamente desde fines de septiembre de 2025 (aún bajo el gobierno anterior) la medida se ha ido postergando debido a las resistencias que ha generado. A la fecha, de hecho, acumula 15 suspensiones, la última de ellas confirmada el pasado 6 de agosto mediante una resolución publicada en el Diario Oficial.

Entendidos en la materia señalan que nunca han existido las condiciones para poder llevarla a cabo.

En el documento publicado en el Diario Oficial se argumenta que las primeras suspensiones se dieron, entre otras, por ciclos ceremoniales específicos. En diciembre de 2025 las comunidades señalaron que el nguillatún, lepún o kamarrikún constituía un impedimento para su participación. Otra suspensión coincidió con las elecciones presidenciales y parlamentarias del año pasado. En ese contexto, fueron las mismas comunidades las que solicitaron la reprogramación de la instancia.

Pero la resolución también establece que hay informes que dan cuenta de las discrepancias de las comunidades hacia la consulta: “Constatan la necesidad de profundizar en la evaluación de los antecedentes que informan el proceso en su conjunto, para lo cual también se encuentra trabajando en el diseño e implementación de nuevos diálogos con distintos actores pertenecientes a las instituciones representativas del pueblo Mapuche convocado, durante el período de suspensión vigente, por lo que aún no resulta factible verificar la habilitación de las condiciones requeridas para la continuación del proceso”.

Víctor Ramos, quien fue secretario ejecutivo de la comisión, argumenta que no hay que apurar la consulta, pero que hay que aprovechar esta ventana “política” que produce este periodo sin elecciones para prepararla bien.

“El tiempo importa, porque estos procesos son lentos y los ciclos electorales tienden a tensionarlos, que es lo que nos pasó a nosotros. Hicimos una consulta en medio del peor de los momentos, que son las campañas parlamentarias y presidenciales. Pero ahora hay un par de años sin campañas, que son la ventana que hay que aprovechar. Por eso creo que este primer periodo debe aprovecharse para involucrar políticamente a los actores locales: municipios, alcaldes, dirigencias territoriales, el gobierno regional”, señala.

Mientras, Emilia Nuyado, excomisionada, explica que uno de los principales problemas es la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT, que obliga a las instituciones del Estado a adecuar sus políticas a las realidades territoriales y culturales de los pueblos indígenas. A su juicio, esto se refleja, por ejemplo, en las exigencias que mantiene el Ministerio de Vivienda hacia las comunidades.

En ese sentido, la resolución también expone que “las instituciones técnicas estatales requirieron sucesivos periodos de suspensión para continuar con la evaluación integral de los antecedentes, así como para diseñar e implementar nuevas instancias de diálogo y relacionamiento con los distintos actores del pueblo Mapuche”.

Asimismo, el documento señala que durante el período de suspensión no se habían desarrollado actividades con dichas instituciones, por lo que no era posible verificar que estuvieran dadas las condiciones para continuar con la consulta.

Otros de los comisionados, Sebastián Naveillán, es más crítico y argumenta que “hay que tomar en cuenta que si el gobierno actual del Presidente José Antonio Kast ha tomado la determinación de postergarla una vez más, quiere decir que el proceso estaba mal hecho, quiere decir que la consulta que se estaba realizando no estaba enfocada en lo que realmente importa”.

Y continúa: “Espero que esta prórroga sea para poder afinar de mejor forma los detalles y poder consultar al pueblo mapuche sobre las propuestas que el presidente Kast hizo en la Cuenta Pública, y así poder avanzar hacia una agenda concreta para la Macrozona Sur.

En efecto: en su primera cuenta pública el Mandatario se comprometió a impulsar una reforma a la Ley Indígena, buscando reformular el sistema de entrega de terrenos a comuneros. El Presidente Kast señaló que lo que se espera es que la norma “otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.