En su sesión 54° ordinaria, la mañana de este martes, la Sala de la Cámara de Diputados analizó como primer punto de su tabla y con urgencia de discusión inmediata el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúe en defensa de su persona o derechos, o de los de un tercero, encontrándose en calidad de franco.

La iniciativa, conocida como una Ley Nain Retamal 2.0, venía precedida de un informe favorable de la comisión de Seguridad Ciudadana.

El proyecto fue aprobado por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, siendo despachado al Senado.

El proyecto corresponde a una iniciativa de legisladores de Renovación Nacional (RN) presentado por José Miguel Castro junto a otros diputados de la bancada durante 2023.

“Una exclusión indeseada”

El diputado Enrique Bassaletti, que dio cuenta a la sala del informe de la comisión, explicó al interpretarse en forma literal la norma vigente se entiende que “aquellos funcionarios que actúan encontrándose de franco no están comprendidos en la legítima defensa privilegiada, lo que constituiría una exclusión indeseada”.

“Son muchos los casos en que funcionarios particularmente policiales repelen o previenen ataques encontrándose de franco. Vale decir, sin que se encuentren en cumplimiento de funciones por no estar en dicho turno o asignación de labores”, expuso, precisando que la iniciativa busca corregir la desprotección en que quedan los funcionarios en caso de intervenir frente a un delito.

Durante las argumentaciones se debió suspender la sesión por falta de cuórum.

“Es sembrar impunidad”

Desde la oposición criticaron con dureza la propuesta.

“La intención declarada es proteger a quienes arriesgan su vida por el país, pero las buenas intenciones no bastan cuando lo que se legisla es un eximente de responsabilidad penal sin las reglas, los límites y controles que deben acompañarla. Este proyecto amplía una protección excepcional sin definir siquiera qué se entiende por calidad de franco”, manifestó la diputada Ana María Gazmuri.

La legisladora de oposición sostuvo que la iniciativa “entrega una facultad extraordinaria sin exigir a cambio ni transparencia ni control”.

“Esto no es fortalecer la seguridad, es sembrar impunidad. Porque cuando el Estado otorga poder sin exigir responsabilidad, lo que construye no es protección para la ciudadanía, sino un vacío donde los abusos quedan sin sanción”, advirtió.

La oposición, sin embargo, ha actuado dividida frente al proyecto.

En la comisión de Seguridad Ciudadana, cuando se votó la idea de legislar, los diputados del Socialismo Democrático Jaime Araya y Raúl Leiva votaron a favor, mientras que Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (ind. -PC) se mostraron en contra.

Araya, independiente de la bancada del PPD, figura entre los firmantes de la moción que originó el proyecto.

En el debate de este martes, Leiva planteó que la iniciativa debe perfeccionarse y definir con claridad su ámbito de acción.

El PPD Carlos Cuadrado votó a favor de la iniciativa.

“Voy a votar a favor de este proyecto y quiero hacerlo desde la izquierda, pero desde una izquierda que no tiene complejos para hablar de seguridad. La seguridad no es una bandera de la derecha y tampoco puede ser una palabra pronunciada en voz baja, como si al defender la seguridad de los ciudadanos se estuviera traicionando principios”, señaló.

“La policía no es el enemigo”

Al intervenir ante la sala, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la Ley Nain Retamal y abogó por que se extienda el resguardo que consagra a los funcionarios de franco, asegurando que con ello se fortalece la norma.

“La Ley Nain Retamal comenzó a corregir una confusión cultural que se debilitó durante años, que es el principio de la autoridad. La policía no es el enemigo. El enemigo es el delincuente que amenaza, roba, mata. Recuperar la seguridad exige volver a respetar a quienes hacen cumplir la ley y terminar con una cultura que relativizó el delito y puso permanentemente bajo sospecha a quienes nos protegen”, planteó.

En esa línea, la autoridad de gobierno insistió en que “un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno. Un detective no deja de reconocer un delito flagrante porque viste de civil. El deber y el riesgo no se apagan al marcar la salida”.

Arrau detalló que solo durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 23 procedimientos de carabineros de franco y de civil en los que utilizaron armas de fuego ante agresiones ilegítimas y delitos flagrantes. En 12 de esos casos, más de la mitad actuaron para defender a terceros.

“Este proyecto responde a la misma convicción que inspira toda nuestra agenda de seguridad. Poner en el centro al chileno honesto, a la víctima y a quien decide protegerla. Las leyes no pueden construirse desde la comodidad del delincuente”, expuso.