La Contraloría General de la República anunció este martes la apertura de un sumario administrativo y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río tras detectar posibles irregularidades en la contratación de servicios médicos por parte del recinto asistencial.

El caso involucra un convenio por más de $680 millones adjudicado a una empresa que, según los antecedentes recopilados, estaría controlada mayoritariamente por un médico que trabaja en el mismo recinto asistencial.

La investigación del organismo contralor apunta a la contratación de la empresa “Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.”, encargada de prestar servicios especializados en cirugías traumatológicas.

Aunque en los documentos oficiales se consignó que uno de los socios -funcionario del hospital- tenía solo un 8% de participación, el análisis posterior evidenció que la sociedad mayoritaria, que concentra el 92% restante, está integrada en un 98% por ese mismo profesional. En la práctica, esto lo posiciona como el principal beneficiario del contrato.

Este elemento resulta especialmente sensible a la luz de la Ley N°19.886, normativa que regula las compras públicas y que establece restricciones para que organismos del Estado contraten con su propio personal o con empresas en las que estos tengan participación.

Si bien la legislación contempla excepciones, la Contraloría advirtió que, en este caso, la resolución que aprobó el contrato no estaría debidamente fundada, lo que constituye un incumplimiento de las exigencias legales.

Junto con ello, el ente fiscalizador cuestionó que el hospital, emplazado en la comuna de Puente Alto, habría informado de manera incompleta la estructura de propiedad de la empresa, omitiendo el control efectivo que el funcionario ejercía a través de la segunda sociedad.

A juicio de la Contraloría, esta situación afecta directamente los principios de probidad, transparencia e integridad que deben regir los procesos de contratación pública.

A partir de estos antecedentes, se instruyó un sumario administrativo destinado a determinar eventuales responsabilidades al interior del recinto asistencial, así como una fiscalización más amplia de sus procedimientos.

Dicha indagatoria buscará establecer si existieron infracciones a la normativa vigente y si hubo conductas que comprometan la correcta gestión de recursos públicos.

De confirmarse irregularidades, las conclusiones podrían derivar en sanciones administrativas e incluso en nuevas acciones, dependiendo de la gravedad de los hechos que logre acreditar la investigación en curso.