La Contraloría General de la República ordenó al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEPV) instruir un procedimiento disciplinario luego de detectar una serie de irregularidades en materia de contratación de personal, control de asistencia, comisiones de servicio y utilización de recursos públicos.

Los hallazgos están contenidos en el informe N°827, elaborado a partir de una auditoría que examinó operaciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2025. Entre las situaciones advertidas aparecen contrataciones directas sin fundamentos suficientes, incumplimientos en procesos de selección, destinaciones de funcionarios a dependencias centrales sin respaldo adecuado y deficiencias en la utilización de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Uno de los puntos que generó mayor preocupación para el organismo fiscalizador fue la demora en la resolución de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción que involucraba a un exdirector ejecutivo.

Según el informe, la tardanza permitió que el exdirectivo continuara percibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de 2026, pese a encontrarse suspendido de sus funciones. Durante ese período recibió pagos líquidos por $247.557.391.

A raíz de esta situación, Contraloría ordenó incluir el caso en el procedimiento disciplinario y adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, además de instruir al servicio a agilizar los procedimientos disciplinarios que se encuentran pendientes.

La auditoría también detectó seis contrataciones directas para la administración central que fueron justificadas con argumentos genéricos, sin antecedentes suficientes que acreditaran la necesidad de prescindir de un concurso público. Además, se constataron falencias en procesos de reclutamiento y selección de asistentes de la educación.

Otro de los puntos observados fueron las comisiones de servicio. Funcionarios contratados para establecimientos educacionales fueron destinados desde el inicio a dependencias centrales, mientras que otros permanecieron en comisión por más de un año, excediendo los límites establecidos.

Contraloría también detectó debilidades en el control de asistencia, incluyendo registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo. Incluso identificó a un funcionario que prestó servicios simultáneamente en el SLEPV y la Municipalidad de La Calera durante períodos en que registraba licencia médica.

Finalmente, el organismo fiscalizador observó deficiencias en el uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), además de diferencias entre horas extraordinarias autorizadas, ejecutadas y pagadas y falta de respaldo suficiente en contratos a honorarios.

Todos estos antecedentes serán materia del procedimiento disciplinario instruido por Contraloría.