Una de las primeras decisiones que tomó tras asumir el cargo la ministra de Salud, May Chomali, fue decretar una alerta sanitaria para enfrentar las listas de espera oncológicas. Esa medida, a ojos del Minsal, dio frutos rápidamente: dos meses después las autoridades sanitarias afirmaron que se había cumplido con el objetivo al contactar al 99,9% de los pacientes que aguardaban una atención. El hito fue celebrado en el mundo de la salud, pero para algunos generó dudas.

Una de ellas fue la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, quien solicitó a la Contraloría revisar y emitir un pronunciamiento sobre los antecedentes y resultados informados por el Ministerio de Salud respecto de la alerta oncológica. El organismo le confirmó que lo hará.

“La División de Fiscalización de esta Entidad de Control inició una Investigación Especial en la Subsecretaría de Salud Pública, con el objeto de revisar y analizar los antecedentes expuestos, cuyos resultados le serán informados oportunamente”, establece el documento firmado por el subcontralor nacional, Víctor Hugo Merino.

Vale recordar que el organismo está mandatado a atender este tipo de denuncias parlamentarias.

Motivo de investigación

De acuerdo con los antecedentes del Minsal, al 31 de enero existían 33.702 atenciones oncológicas en espera, aunque los registros que efectivamente requerían una resolución descendieron a 29.997 atenciones. De ese universo, el 99,9% de los pacientes ya fue contactado según expuso el ministerio y pudo acceder a la prestación que tenía retrasada, dando inicio o continuidad a su tratamiento.

La diputada Hernando, que además integra la Comisión de Salud, explica en su solicitud que queda la duda de cuántos de esos registros iniciales fueron cerrados o retirados de la lista producto de causales como fallecimiento o duplicidad de registros, o porque la atención ya había sido entregada.

Además, justifica que lo anterior deja algunas dudas respecto a lo comunicado públicamente por el Ministerio de Salud, “particularmente respecto a la forma en la que éste ha difundido la disminución de las listas; por tanto, es del todo procedente consultar si lo que ha informado el Ministerio de Salud significa una disminución real de la lista de espera oncológica o bien sólo son gestiones administrativas, tendientes a depurar el número de pacientes oncológicos”, detalla el documento enviado a Contraloría.

En ese sentido, la parlamentaria solicitó una auditoría a los criterios de egreso, destinada a fiscalizar la metodología empleada para dar por cerrada la espera de pacientes que únicamente fueron derivados o contactados, pero que no cuentan con un cierre clínico definitivo ni con la resolución integral de sus casos.

También el oficio parlamentario pide evaluar la rigurosidad y precisión de los conceptos utilizados en los reportes oficiales del Ministerio de Salud, con el fin de verificar que reflejen la realidad sanitaria y no generen falsas expectativas en la ciudadanía sobre la resolución efectiva de las patologías oncológicas.

“El denominado ´fin´ o ´eliminación´ de la lista de espera oncológica no necesariamente implica que todos los pacientes hayan recibido efectivamente su tratamiento, consulta o examen correspondiente. En muchos casos, la condición de paciente gestionado o vinculado únicamente significa que fue contactado e incorporado a una ruta de atención, que se le asignó una prestación futura, sin que ello suponga la resolución integral de su problema de salud”, concluye la solicitud.

Al respecto, la diputada afirma que “la Contraloría me ha confirmado que van a hacer una investigación especial en la Subsecretaría de Salud Pública a propósito de la controversia por el plan oncológico del Ministerio de Salud, en el cual se decía que el 95% estaba resuelto cuando hablábamos solamente de que se había contactado a los pacientes que estaban en la lista de espera. Me parece bien que la Contraloría haga esa investigación y esperamos tener respuesta pronto”.