
Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago
La decisión fue tomada por el pleno del tribunal de alzada del norte con el objetivo de no pasar al fondo sin antes resolver la pugna de competencia presentada por la defensa del gobernador.

Durante la tarde de este jueves, según fuentes judiciales, a los intervinientes de la arista del caso ProCultura que tiene como imputado al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se les notificó una resolución del pleno de la Corte de Antofagasta que congelará -por el momento- el asunto.
La decisión fue tomada en un pleno extraodinario del tribunal de alzada de la región de Antofagasta, luego de que los ministros fueran notificados que la defensa de Orrego -representada por los abogados Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego- presentó un incidente para discutir la competencia del caso.
Eso quiere decir que la defensa de la autoridad regional quiere que el desafuero sea resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y no en la jurisdicción del norte.
Dado que no se podrá pasar al fondo del desafuero mientras no se resuelva la competencia, los ministros de la Corte de Antofagasta -cuyo pleno fue integrado por los ministros Hernán Cárdenas, Dinko Franulic, Juan Opazo, Eric Sepúlveda, Jaime Rojas y la minista Jasna Pavlich- tomó la decisión de suspender mientras tanto la tramitación del procedimiento de desafuero.
Antes de suspender el asunto, el mismo pleno ya había fijado fecha para la audiencia donde se discutiría la petición del Ministerio Público, la cual quedó calendarizada, en ese entonces, para el lunes 6 de octubre a las 9.00 de la mañana.
Parte de los argumentos de la defensa para intentar traer el caso a Santiago, tiene que ver con que previamente hubo una serie de medidas intrusivas cuya autorización judicial fue pedida en tribunales penales con jurisdicción en Santiago.
Ese fue el caso, por ejemplo, del frustrado requerimiento que hizo el fiscal Carlos Palma a ese tribunal penal para allanar las dependencias de la Gobernación Metropolitana.
Lo mismo ocurrió, meses después, cuando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, requirió el alzamiento del secreto bancario del excamarada democratacristiano. Una petición que finalmente fue concedida.
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