El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reunió con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones para evaluar y definir el Plan de Seguridad en establecimientos educacionales.

Esto, tras hechos de violencia como el ataque de sujetos armados en un colegio de San Pedro de la Paz y la muerte de un menor acuchillado en Melipilla por una riña entre escolares.

Tras la reunión, en dependencias del Ministerio de Seguridad, el titular de Educación abordó la posibilidad de incorporar detectores de metales en accesos a colegios.

“Todo nos indica que es de difícil implementación operacional, es de dudosa eficiencia práctica respecto a lo que se quiere evitar y, además, es de un alto costo económico”, aseguró el jefe de cartera.

Al responder, sin descartar de antemano la idea, manifestando que están abiertos a evaluarlo y conversar al respecto, Cataldo entregó una serie de argumentos contrarios a implementar una medida de ese tipo.

En esa línea, el jefe del Mineduc hizo hincapié el que “esta decisión tiene que tener un anclaje muy potente en la evidencia”.

“La evidencia no nos indica necesariamente que la instalación de pórticos sea la herramienta más eficiente para lograr el objetivo. Es más, hay harta investigación a la vista que nos indica que muchas de estas medidas vienen ya de vuelta en algunos países que la han implementado hace más tiempo. Por otro lado, hay un tema de garantía de derechos”, planteó.

Cataldo advirtió que la normativa vigente no permite que estos elementos se instalen por lo mismo.

“Y hay otros temas operativos que tienen que ver con el alto costo que esto implica. Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 dólares solo el pórtico”, dijo.

Asimismo, explicó que para que sea eficiente “probablemente habría que pensar en otro tipo de tecnología como escáner que permitan identificar el contenido de mochilas. Y eso ya eleva los costos”.

“Además, eso implica que hay que capacitar y tener personal disponible para operar esas herramientas. Y además, tienen que definirse protocolos para que cada estudiante pueda ser revisado una vez que se detecte que hay la presencia de algún metal. Todo eso implica también pensar en los horarios de entrada y salida de los estudiantes porque efectivamente esto es un proceso que podría tomar mucho tiempo en establecimientos educacionales grandes o con una alta concentración de estudiantes”, apuntó.

Cataldo sostuvo que se debe tener otro tipo de enfoque, más amplio, argumentando que las comunidades han sido enfáticas en transmitir “que lo que buscan es mayor seguridad en los entornos”.

“Y que si vamos a hacer inversiones, estas se traduzcan, por ejemplo, en elevar los cercos perimetrales, mejorar la seguridad de los accesos, de las ventanas, entre otras cosas que son mucho más eficientes en términos positivos, deseados por las propias comunidades”, aseguró.