El recorte de gasto fiscal ha sido uno de los principales ejes del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con el Ministerio de Hacienda encabezado por Jorge Quiroz y la Dirección de Presupuestos (Dipres) exigiendo al resto de las carteras un recorte del 3% de su presupuesto 2026. Ese foco también ha estado puesto en las empresas públicas. Así se desprende de una serie de oficios que la Dipres envió a las diversas empresas públicas chilenas y a los que La Tercera tuvo acceso vía Ley de Transparencia.

En las misivas enviadas a fines de marzo se les requiere diversa información que dé cuenta del estado financiero en que se encuentran, así como analizar de dónde recortar. Entre varias otras, los oficios fueron enviados a empresas como Codelco, Enap, Metro, EFE, Enami, Correos Chile y la Polla Chilena.

El oficio contextualiza que “con el objeto de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y asegurar que las instituciones públicas operen bajo criterios de responsabilidad, eficiencia y austeridad”, Hacienda seguirá las recomendaciones en la guía de la OCDE sobre gobernanza.

En ese sentido, la Dipres requirió información financiera a través de un “análisis razonado explicativo de la evolución de los resultados de los últimos cinco años”, el que debe incluir los estados financieros auditados -balance, estado de resultados y flujo de caja-, notas a los estados financieros e informes de auditorías externas, e indicadores financieros relevantes (EBITDA, CAPEX/Inversión anual, etc).

También se requirió información sobre venta de activos y estructura de costos, rentabilidad de las inversiones ejecutadas en los últimos 10 años, “sostenibilidad de flujo de caja y solvencia operativa”, detalle de deuda financiera total y dividendos o transferencias efectuadas al fisco.

Un segundo punto del oficio pide “análisis de las obligaciones de deuda” con “detalle de endeudamiento y evolución” desde 2021 en adelante, además de información sobre créditos bancarios, emisiones de bonos, financiamiento con organismos multilaterales y calendario de vencimientos.

Otra glosa trata sobre el modelo de negocios y operaciones de cada empresa pública, requiriendo información sobre las principales líneas de ingreso, principales mercados, principales activos productivos, indicadores operacionales relevantes, cartera de proyectos de inversión y su estado de avance, y la rentabilidad esperada de proyectos de inversión relevantes.

Luego hay un punto sobre gobernanza y funcionamiento del directorio. Allí se les requiere actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los últimos dos años, registro de acuerdos adoptados en materias estratégicas, inversiones y endeudamiento, presentaciones realizadas por la administración al directorio en asuntos financieros y estratégicos, y también gastos del directorio y sus comités, entre dietas y pagos.

Sobre la dotación y gasto de personal se requirió a las empresas públicas el número total de trabajadores bajo las modalidades de planta, contrata y honorarios, “evolución en los últimos 5 años del costo laboral en personal” con datos sobre remuneraciones, compensaciones, beneficios y horas extraordinarias; y también “indicadores de productividad disponibles y su evolución en los últimos 5 años”.

Una última parte denominada “riesgos y contingencias” solicita información sobre litigios relevantes, contingencias regulatorias, pasivos ambientales y “riesgos financieros significativos”.

Por ejemplo, en el caso particular de Codelco se requirió una proyección de los ingresos por litio en el marco del acuerdo SQM-Codelco “para los próximos 5 años a partir del 2026″. La petición pide estimar un escenario pesimista, otro base y otro optimista del precio del litio. También se solicita el detalle “de los últimos 10 años de la evolución de promesas de valor de cada proyecto respecto de costos, producción, plazo de ejecución”, en relación a proyectos mineros en Chuquicamata, Ministro Hales, y otras minas.