La Defensoría de la Niñez emitió este martes una declaración donde exige medidas correctivas a los organismos que contrataron a personas condenadas y que dentro de su pena, quedaron inhabilitados de forma temporal o perpetua, para trabajar con menores de edad.

La información provino del Consolidado de Información Circularizada Nº19 de la Contraloría General de la República, donde se detectó que durante el 2025, 33 personas -y 35 casos en total- inhabilitadas para trabajar con menores fueron contratadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.

También, se cuantificó que entre 2020 y agosto de 2025, hubo 164 personas inhabilitadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.

Ante lo anterior, desde la Defensoría de la Niñez emitieron una declaración, en la que señalaron que oficiarán a todos los organismos involucrados, “con el fin de conocer las acciones correctivas que se están adoptando, el detalle del número de personas contratadas en esta condición y las fechas de sus inhabilitaciones”.

En la misma línea, requiere a las 72 instituciones públicas señaladas en el informe del órgano contralor a que detallen sus medidas preventivas a implementar para futuras contrataciones.

“El incumplimiento de esta obligación compromete gravemente la protección efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y vulnera directamente el mandato legal establecido en el artículo 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, que obliga a verificar las inhabilitaciones antes de contratar personal en funciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes”, afirma el organismo, liderado por el abogado, Anuar Quesille.

La Defensoría agrega que “estas faltas a la ley exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y reflejan graves falencias en los sistemas de control y responsabilidad administrativa de las instituciones involucradas".

“La Defensoría de la Niñez exige que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar que nunca más se repitan hechos de esta naturaleza", enfatiza.

Además, el organismo solicitó una reunión con la contralora, Dorothy Pérez, con la finalidad de abordar la situación de manera “conjunta y colaborativa”.

“Velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional”, sostiene el organismo encargado de resguardar a los menores.

La declaración agrega que “por ello, resulta imperioso el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la implementación urgente de mecanismos de control preventivo y obligatorio, que aseguren la consulta sistemática al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación”.