La Defensoría Penal Pública anunció la presentación de un recurso de amparo contra una decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de postergación del juicio contra los menores de edad acusados por el ataque incendiario ocurrido en el molino Grollmus, en Contulmo, Región del Biobío, el 29 de agosto de 2022.

A fines de marzo, al conocer de una acción constitucional de amparo deducida por la defensora penal pública Katherine Valdés, la Corte Suprema ordenó la realización del juicio oral de los menores imputados en la causa para el miércoles 22 de abril.

El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, aseguró que “el Tribunal Oral de Cañete desobedeció esa orden y postergó de oficio el juicio por otros dos meses”.

“Vulnerando gravemente la ley y los derechos de nuestro representado, que ya acumula 492 días privado de libertad”, afirmó Pizarro.

El juicio se fijó para el 23 de junio.

“Se justificó esta decisión en una falta de jueces, argumento que es simplemente inaceptable, porque la propia ley contempla mecanismos de suplencia e integración para asegurar que los tribunales sigan funcionando”.

El defensor anunció que “presentaremos una nueva acción de amparo constitucional y esperamos que esta situación sea corregida con urgencia por los tribunales superiores de justicia, frente a este flagrante incumplimiento de la ley”.

En el recurso se solicitará que se deje sin efecto la resolución del Tribunal de Cañete y se ordene la realización del juicio oral en un plazo no superior a 10 días contados desde la resolución que acoja este amparo y se disponga la inmediata libertad de nuestro representado.

Cabe recordar que este juicio ya ha sido postergado en tres oportunidades anteriores y que se desarrolla de manera separada al de los otros 17 formalizados tras la decisión del propio Ministerio Público de separar investigación.