El 9 de diciembre de 2024, mientras Luis Hermosilla se encontraba recluido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, una receptora judicial llegó hasta dicho recinto penal para notificarlo del embargo de uno de sus inmuebles. Se trataba de un departamento del abogado penalista ubicado en el barrio Lastarria y que busca ser enajenado por la justicia civil a raíz de millonarias deudas que acumula Hermosilla tras el estallido del caso Audio.

Ese departamento es objeto de tres causas civiles, una en el 14º, otra en el 15º Juzgado Civil de Santiago y otra en el 29º Juzgado Civil de Santiago. Esos casos se han iniciado por demandas de bancos en contra de Hermosilla por productos bancarios que no fueron pagados cuando correspondía, con deudas vencidas desde 2023 en adelante.

Pero además de eso el inmueble ubicado el edificio Paseo Lastarria, y adquirido en 2009 por Hermosilla, es parte de los bienes incautados al penalista por la justicia penal, específicamente por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso Audio. Dicho tribunal, a raíz de una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), fijó la medida cautelar de prohibición de enajenación del departamento.

A raíz de esa prohibición es que el avance de las causas civiles, las que en dos casos llegaron hasta la etapa de rematar el inmueble, debían recurrir a la justicia penal para que el Cuarto Juzgado de Garantía levantara las prohibiciones de venta con el fin de rematar la vivienda de la calle José Victorino Lastarria. Sin embargo, la justicia civil recibió un portazo del área penal, tribunal que frenó la enajenación.

La trama del choque judicial

El 12 de noviembre pasado el 29º Juzgado Civil de Santiago ingresó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un requerimiento que “solicita autorización de subasta”. En ese escrito, la jueza Marcela Maureira expuso que “se ha dispuesto oficiar a fin de lo tenga a bien autorizar la subasta del inmueble (...) y que registra prohibición de celebrar actos y contratos en causa de vuestro tribunal”.

Ante aquello, el Cuarto Juzgado de Santiago inició la tramitación interna. Primero, requirió que la Fiscalía Metropolitana Oriente se refiriera ante la solicitud de la justicia civil, así como también al CDE.

Luego de esto el juzgado finalmente resolvió el requerimiento del tribunal civil, específicamente este martes 2 de diciembre. Ese día, la magistrada Francis Fell, del Cuarto Juzgado de Garantía, resolvió rechazar la solicitud, al determinar que ese departamento podría ser parte de alguna posible pena en contra de Hermosilla al término del caso Audio, la cual no podría lograrse en caso de que sea rematado previamente en la causa civil.

“Respecto del mismo, podría disponerse las penas de multas y/o comiso conforme el artículo 157, 466 y siguientes del Código Procesal Penal, finalidad que no podrá obtenerse si se autoriza su enajenación”, resolvió el tribunal donde la Fiscalía aún mantiene abierta la investigación en contra de Hermosilla por delitos de lavado de activos y donde aún no se ha presentado una acusación para llevar al penalista a un juicio.

Las deudas de Hermosilla

La causa de la justicia civil que lleva el 29º Juzgado Civil se originó a raíz de una demanda que presentó Tanner Servicios Financieros en contra de Hermosilla por incumplir con las cuotas de un acuerdo de pago a raíz de una serie de cheques impagos. En total, según la compañía, el otrora reconocido penalista les adeuda $62.870.222.

Ante el 14º Juzgado Civil de Santiago, el Banco Scotiabank también inició acciones civiles en contra del abogado protagonista del caso Audio. En el caso de dicha entidad bancaria, Hermosilla adeuda $200.724.313 a raíz de la falta de pago de una serie de créditos adquiridos y no pagados, antes del estallido del mediático caso, con ese banco.

Esa situación también se repite pero ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, sede ante la cual la Tesorería General de la República (TGR) presentó una demanda en contra de Hermosilla, y donde también se decretó el embargo del departamento, por una deuda total de $167.322.306. Aquello derivó de la falta de pagos de $136 millones de impuestos a la renta y de otros casi $22 millones en otro tipo de obligaciones tributarias.