El dilema del gobierno por pugna TC-Suprema

El ministro de Justicia, Hernán Larraín. Foto: Mario Tellez

Si bien el Ejecutivo ha indicado que podrían impulsar una reforma constitucional si no hay entendimiento, la principal apuesta es que ambas entidades puedan resolver sus diferencias.




Se trató de la discusión jurídica de la semana, que se tradujo en una controversia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC), luego que la Tercera Sala del máximo tribunal estableciera que estaban facultados para revisar las actuaciones del TC a través de los recursos de protección.

La resolución trajo una serie de consecuencias, como que el pleno del Tribunal Constitucional acusara a la Corte Suprema de querer redefinir el ordenamiento constitucional; que el presidente de la judicatura, Haroldo Brito, intentara descomprimir el asunto indicando que era la opinión de una sala y no de toda la corte; y que tres jueces de la Sala Constitucional emitieran un comunicado tomando distancia de lo señalado por su superior.

Y si bien la pugna tiene como protagonistas a dos tribunales, el gobierno decidió intervenir de manera enérgica y durante toda la semana abordó la controversia, ya sea a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, el canciller Teodoro Ribera o el propio Presidente Sebastián Piñera.

El discurso del Ejecutivo, aunque con matices, ha sido el mismo: que de no existir entendimiento entre las partes, podrían impulsar una reforma constitucional que delimite las facultades de ambas instituciones.

"Así como hemos hecho un llamado al diálogo para resolver de forma directa y bajar las tensiones entre instituciones tan importantes, estamos, porque así lo conversamos con el Presidente, trabajando en distintas medidas de carácter normativo para ayudar a resolver estos temas", dijo Larraín este viernes en la mañana, y enfatizó que "una reforma constitucional podría precisar hasta dónde llega el TC o hasta dónde la Corte Suprema, de manera de generar muros infranqueables que impidan las tensiones".

Sin embargo, la idea de resolver el tema en el Parlamento no es la primera alternativa y el propio Larraín admitió que desde el Ejecutivo "hemos querido instalar esta disyuntiva para dar señales que aseguren ante la ciudadanía nuestro compromiso con el cuidado de las instituciones".

Así, las fuerzas del gobierno apuntan a un diálogo directo entre Corte Suprema y el TC. Solo si esta instancia fracasa, desde el Ejecutivo saldrá una propuesta normativa. Para ello se transmitirá a Brito y a la presidenta del TC, María Luisa Brahm, el interés del gobierno instándolos a un diálogo directo.

"Si entre ellos no hay acuerdo directo para ello, como el gobierno y el Congreso no pueden intervenir, solo un cambio normativo a nivel de reforma constitucional podría ser útil a este propósito. Eso es lo que estamos estudiando", indicó Larraín, quien agregó que aún es "muy temprano para tener soluciones concretas y tampoco hemos resuelto ya presentar una reforma. Entre tanto estudiamos fórmulas para tener a mano y que nos permitan en su momento conversar con otros actores, por ejemplo, parlamentarios".

No obstante, desde el Palacio de Tribunales no han sido vistos con buenos ojos los anuncios del gobierno de eventuales cambios normativos. Así lo hizo saber este viernes Brito, quien indicó que "las cosas no están como para pensar todavía en una reforma en este momento (...) Creo que hay situaciones que se pudo seguir resolviendo, pero ya verá el Presidente el planteamiento hacia el Senado".

En el entorno del presidente de la Suprema, en tanto, se apuesta por reforzar el liderazgo de Brito al interior del máximo tribunal. Al respecto, se destaca la buena relación que mantiene con Brahm, con quien se ha reunido al menos dos veces desde que la abogada asumió a la cabeza del TC, y que esto permita resultados a través del diálogo.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/tercera-sala-corte-suprema-declaracion-tc/857460/

La discordia entre las instituciones ha sumado otros actores políticos. Desde su cuenta de Twitter, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), criticó al TC y aseguró que el tribunal "lleva un tiempo haciendo un uso antojadizo de algunas de sus atribuciones (...) Aunque sea una paradoja, siento que los derechos constitucionales están hoy más resguardados que antes".

En tanto, el senador José Miguel Insulza (PS) indicó que la pugna llega en un buen momento, al considerar que el TC "está invadiendo atribuciones del Poder Judicial". Agregó que se debe "buscar evitar que el TC altere las decisiones de la Suprema por vía de sus propias soluciones. Eso significa revisar profundamente el rol del TC".

Según dijo el académico de la UDP, Carlos Peña, en conversación con Radio Duna, "estamos en presencia de un permanente intento de la Corte Suprema de expandir su poder, invadiendo facultades que la regla constitucional no le otorga".

Por su parte, el constitucionalista Javier Couso dijo que una reforma constitucional "entra en una dimensión política no menor" y aseguró que "el ministro Larraín hizo lo correcto cuando invitó a las partes para coordinarse entre ellas".

Para el abogado Juan Carlos Manríquez, "no es fácil establecer límites infranqueables, porque siempre existen elementos que determinan las circunstancias de la interpretación de una norma y sus consecuencias".

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