El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia -también conocido como Mejor Niñez-, está en el ojo del huracán tras el fallecimiento de un menor de 14 años en Arica. A mediados de febrero se encontró el cuerpo del joven carbonizado en la vía pública, presuntamente por un ajuste de cuentas entre bandas.

Claudio Castillo, director del servicio, hace hincapié en que la presencia del crimen organizado excede las capacidades y roles de su institución, además de enfatizar que el organismo tomó todas las medidas a su alcance en esta situación.

¿Cómo se explica que el menor se haya fugado de la residencia?

No es que los niños o adolescentes se escapen de la residencia, son espacios abiertos, integrados a la comunidad en que van a clases, juegan o tienen actividades deportivas con gente de su entorno y barrio, por lo tanto, no es un sistema cerrado. Lo que ocurre es que a veces hay salidas no autorizadas, cuando un adolescente, por ejemplo, no quiere estar y quiere seguir vinculado con su familia. Ahí hay una salida no autorizada y nosotros activamos una serie de protocolos que van desde la búsqueda, también las denuncias ante Carabineros cuando el tiempo transcurrido nos lo permite. No se trata de que se haya escapado, sino que solo estuvo tres de los 320 días en una residencia y 176 días estuvo hospitalizado o en centro de tratamiento.

¿Pero cómo asumen las responsabilidades en torno a esa salida no autorizada?

Activamos todas las alertas, todas las denuncias, hicimos búsquedas más allá de nuestras competencias. Estamos ante un escenario complejo, de violencia y crimen organizado. Es algo que supera al servicio. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, que en este caso se hicieron, incluso arriesgando la propia integridad física de los funcionarios. Pusimos en alerta a todas las instituciones, se hicieron las denuncias respectivas. El servicio no puede hacer algo más allá de para lo que fue creado, de las competencias que tiene y no es su rol la lucha contra el crimen organizado.

¿Fue oportuna la activación del protocolo, entonces?

Todos los protocolos se activaron en 12 ocasiones, siete en los últimos cuatro meses. El servicio activó permanentemente todas las herramientas que tenía.

¿Tomaron contacto con la familia? ¿Existe esa familia?

Es algo que no puedo decir porque es parte de la investigación.

¿Existe una suerte de mea culpa sobre alguna deficiencia que revele este episodio que acabó con el fallecimiento de un menor?

Es una muerte cruel, absolutamente condenable, que nos tiene consternados, pero también tengo que decir que a veces es más sencillo tratar de buscar las responsabilidades en las instituciones, como el servicio de protección, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que plantean los protocolos. Hicimos todo y más de lo que correspondía. En este caso, y tal como lo ha planteado el fiscal regional, se trata de una situación que va más allá de lo que pueda hacer o no el servicio.

Una de las líneas investigativas apunta a un ajuste de cuentas. ¿Cómo y cuánto permea el crimen organizado en el servicio?

Hemos levantado una serie de alertas, hemos participado en coordinaciones con diferentes instituciones, porque entendemos que hoy también tenemos que ser partícipes de la prevención. Es decir, cómo evitamos el reclutamiento temprano de niños y adolescentes para bandas criminales, pero también cómo facilitamos el desenganche de las mismas.

¿Han modificado la hoja de ruta del servicio para adaptarse a esta realidad?

Nos planteamos una hoja de ruta, donde uno de los ejes de trabajo tiene que ver con cómo enfrentamos los nuevos desafíos de la protección especializada, y ahí está el desafío en materia de seguridad, de trata de personas, también en materia del combate muy frontal a la explotación sexual. Levantamos una primera encuesta asociada a las residencias de protección en todo el país. Hemos desarrollado convenios con gobiernos regionales, con delegaciones presidenciales, para tener un monitoreo a través de drones de algunas residencias piloto. Lo que nos está mostrando la evidencia es que el reclutamiento no se da en un solo acto, en general primero hay un acercamiento hacia los niños y adolescentes, incluso en espacios deportivos, en espacios escolares, y comienza un compromiso de conducta transgresora gradual.

Eventos como este pueden hacer cuestionar las similitudes de Mejor Niñez con el Sename. ¿Cómo se desligan de esta herencia?

Estamos enfrentando una situación que es muy compleja, que tiene que ver con el crimen organizado. Hace algunos años este no era un tema relevante en el país, hoy sí y nos obliga a tomar nuevas medidas. Los desafíos que tenía el Sename eran otros, los que tenemos nosotros cada vez son más complejos en términos de situaciones de seguridad con adolescentes. Yo diría que hay un gran avance desde lo que era el Sename al Servicio de Protección.

¿Qué es lo que espera del gobierno de José Antonio Kast con su servicio?

No me corresponde señalar cuáles van a ser los desafíos ni las prioridades del gobierno del presidente Kast. Nosotros somos un servicio especializado en materia de protección y seremos quien ejecute las prioridades que establezca el futuro gobierno. Hay avances en los últimos años y creemos que ese es el piso para proyectarnos en desafíos importantes, ya sea en materia de adopción o de familias de acogida desde lo proteccional, pero también en materia de seguridad. Son relevantes para poder tomar nuevas medidas y mejorar la seguridad alrededor de toda la prestación de servicios proteccionales.