El diputado Raúl Leiva (PS) ofició a la Contraloría General de la República para que evalúe la legalidad de un requerimiento realizado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación penal en curso.

Esta es una esquirla más de la situación en que se ha visto envuelta la titular de Seguridad, en medio del llamado a retiro de la exsubdirectora de Inteligencia de la policía civil Consuelo Peña.

Esta mañana, el parlamentario socialista solicitó al órgano contralor, dirigido por Dorothy Pérez, que determine si la actuación de la secretaria de Estado se ajusta a derecho, particularmente en relación con las facultades que le otorga la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública .

La acción de Leiva se basa en un oficio reservado -N° 28, de 13 de marzo-, que fue publicado por Radio Biobío, mediante el cual Steinert pidió a la PDI información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen” . Lo hizo, 48 horas después de haber asumido en el Gobierno.

Entre los antecedentes solicitados figuran la identificación completa de los funcionarios, sus traslados, nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o penales.

Dudas sobre límites legales

En su presentación, que hasta ahora se tramitaba de forma reservada, el diputado Leiva sostiene que el requerimiento podría exceder las atribuciones del Ministerio de Seguridad, ya que -según la normativa vigente- si bien la autoridad puede solicitar informes a las policías, existen restricciones cuando se trata de investigaciones penales en curso.

En particular, advierte que “no se puede requerir información que afecte el desarrollo de diligencias investigativas ni aquella que exponga datos sensibles o identidades de funcionarios involucrados”.

Además, el parlamentario cuestiona que el oficio haya solicitado información “en bruto” y no informes consolidados, lo que -a su juicio contraviene el diseño legal establecido para este tipo de requerimientos.

Otro elemento que releva el documento es el rol previo de la ministra. Antes de asumir el cargo, Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, lugar donde se desarrolla la investigación mencionada.

Según plantea Leiva, el requerimiento fue enviado a menos de 48 horas de iniciado su mandato, lo que evidenciaría un conocimiento detallado de la causa y abre interrogantes sobre eventuales conflictos de interés .

A manos de Contraloría

En este contexto, el diputado pidió a Contraloría que determine si el oficio de la ministra constituye un exceso en el ejercicio de sus funciones y si vulnera normas constitucionales y legales, incluyendo el principio de juridicidad y disposiciones sobre secreto de la investigación.

Asimismo, solicitó que, de corresponder, se instruyan acciones de fiscalización y eventuales procedimientos administrativos para establecer responsabilidades.

La revisión del caso podría marcar un precedente sobre el alcance de las facultades del nuevo Ministerio de Seguridad frente a investigaciones penales en curso y abriría un flanco más profundo a la debutante autoridad.