En el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, se llevó a cabo este domingo la audiencia de control de detención del civil y los tres cabos de Ejército indagados por la Fiscalía Metropolitana Occidente en un caso de envío de droga por encomienda.

La investigación es encabezada por el fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras.

Los cuatro sujetos fueron detenidos cerca de las 13.00 horas de este 16 de agosto, en la comuna de Puerto Aysén, en el marco de un procedimiento de entrega vigilada de la droga. El operativo se puso en marcha tras detectarse el contenido del envío. Se trataba de 11.492,5 gramos de marihuana.

La caja de cartón con 10 paquetes envueltos en papel alusa y aluminio, enviada desde Chillán, fue detectada en el aeropuerto por la empresa de transporte en su controles rutinarios y se dio aviso a la PDI.

Cuando los militares y el civil retiraron la encomienda desde un local de Chilexpress de la ciudad, se encontraron con personal de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI que se trasladó hasta la Región de Aysén a supervisar la entrega y concretar las detenciones.

Los militares son funcionarios activos del Regimiento N°8 Chiloé de la IV División de Ejército, presente en la zona. Tras su detención, fueron trasladados al cuartel de la PDI de Coyhaique, a la espera de la audiencia de este domingo.

Mediante un comunicado difundido este sábado, la IV División de Ejército, hizo hincapié en su rechazo a “toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales”, y manifestó su compromiso de “plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

Esta situación se conoce a semanas de que el Ejército iniciara distintas acciones de control tras detectarse el caso de siete suboficiales, apartados de la institución y en prisión preventiva desde el 26 de junio, que se dedicaban al traslado de drogas desde la Región de Tarapacá, hasta la zona central del país.

La audiencia

La fiscal María Inés Núñez Briso, especializada en la investigación de delitos de tráfico de estupefacientes, defendió la legalidad de las detenciones afirmando que se cumplía la hipótesis de flagrancia.

Núñez solicitó la prisión preventiva de los imputados.

Los cuatro detenidos llegaron juntos en un vehículo hasta la empresa de encomienda. El civil N.L.F., que hizo el servicio militar en el Regimiento Chiloé hace dos años, era el destinatario del paquete. Él y el suboficial A.D.P., que conducía el vehículo, ingresaron a la oficina y retiraron la encomienda.

El abogado Roberto Silva defensor de los cabos que permanecieron a la espera del trámite en las afueras del local, A.T.M. y V.V.C., afirmó que ellos “estaban en el momento y lugar equivocado” ya que se habían coordinado para ir a tomar mate a la costanera del río con los otros dos imputados.

“Ellos no tienen participación en este asunto”, afirmó, señalando que espera que las pericias a los teléfonos de sus defendidos corrobore lo que expresaron en su declaración.

Por su parte, el abogado Aldo Basquee, defensor de A.D.P., sostuvo que los tres uniformados desconocían el contenido de la encomienda y que su representado acudió al lugar para acompañar al civil al retiro del paquete como un favor.

Alex Bollmann, abogado del civil, en tanto, señaló que su representado cooperó con la investigación y coincidió en que el resto de los imputados no habrían tenido participación.

La jueza Dalia Illezca Carrasco dijo que respecto al civil y al suboficial A.D.P., la fiscal entregó antecedentes que acreditarían su participación en el delito imputado y accedió a la solicitud de prisión preventiva.

Respecto a los otros dos, la jueza manifestó que “el Ministerio Público no ha dado cuenta de antecedentes que permitan suponer fundadamente la participación de ambos imputados en el ilícito”.

Para asegurar que se mantengan sujetos al procedimiento, el tribunal decretó su arresto domiciliario total y arraigo.

El Ministerio Público apeló verbalmente para conseguir la prisión preventiva de todos los imputados que permanecerán detenidos hasta que resuelva la Corte de Coyhaique.

Se fijó un plazo de investigación de 75 días.