La controversia por la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones (PDI), tercera antigüedad y subdirectora de Inteligencia, abrió un nuevo flanco político para el gobierno y dejó en una posición incómoda al director general de la institución, Eduardo Cerna.

El jefe policial ha guardado estricto silencio. Hasta ahora, ya que el diputado Jaime Araya (PPD) -miembro de la Comisión de Seguridad-, ya cursó la petición para que se cite ante la instancia al jefe policial. Esto, motivado principalmente por los dichos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ante los parlamentarios aseguró este lunes que la decisión fue de la PDI, desestimando versiones que la apuntan como la responsable directa del llamado a retiro de Peña.

“La intervención de la ministra ante la comisión definitivamente no logra cerrar el tema del llamado a retiro de Consuelo Peña, por lo tanto envié un oficio al presidente de la Comisión de Seguridad, para que cite a la próxima sesión al director de la PDI, para los fines de aclarar las reales motivaciones que se tuvieron a la vista para desvincular a una persona de trayectoria intachable, como lo es la señora Peña”, comenta a La Tercera el diputado Araya.

El parlamentario apunta a que “la ministra señaló muy al pasar que era un decisión exclusiva de la PDI, además entendí que hizo una referencia a la posible comisión de algunos delitos, entonces necesitamos tener toda la información, porque lo concreto es que se deben cuidar las instituciones”.

Entre la espalda y la pared

No han sido días fáciles dentro de la PDI. A la salida de una jefa policial de vasta trayectoria y querida por los equipos de la policía civil, se suma el que la intervención de Steinert dejó entre la espada y la pared a Cerna.

Si bien en una comisión ordinaria los citados no se someten a juramento o son exhortados a decir la verdad, la versión al interior de la PDI sigue siendo que la salida de Peña fue a petición expresa de la recién debutante ministra de Seguridad.

Entonces, el gran dilema apunta a qué hará Cerna quien recién cumple dos años dirigiendo la institución y aún le quedan otros cuatro años.

Como cabeza de una policía no deliberante tuvo que acceder a la solicitud de la secretaria de Estado y si ella oficializó ante el Congreso que fue una decisión institucional, debería respaldar esa versión. Y, por otro lado, está la expectativa de la comisión de que explique con detalle cuál fue el rol que jugó Steinert en la decisión de terminar con los 36 años de carrera de la tercera autoridad de la PDI y la primera mujer en ser nominada prefecta inspectora en la historia de la institución.

Las preguntas que se harán

En el oficio de Araya, al que accedió La Tercera, se detallan las preguntas que se harán al número 1 de la PDI.

“Los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro de la institución a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Sra. Consuelo Peña San Miguel”, se lee en el documento.

Además se requerirá que Cerna detalle “las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de la época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución”.

Junto con ello, se pide “el mecanismo de notificación a la Sra. Peña, en atención a que -de acuerdo a informaciones de medios de comunicación- la exsubdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia”.

Y, finalmente, el escrito solicita “las personas que participaron de la toma de esta decisión”. Todo eso para confrontar las versiones con la respuesta que dio Steinert este lunes.

El caso que detonó la tensión

El trasfondo del conflicto se remonta a enero cuando la PDI desbarató el denominado “Clan Chen”, una investigación de crimen organizado en que se detuvo a los integrantes de una red vinculada a estafas internacionales y lavado de activos por cientos de millones de dólares, con operaciones en la Zona Franca de Iquique.

La indagatoria había sido liderada por la propia Steinert cuando era fiscal regional de Tarapacá -antes de renunciar y aceptar su cargo en el gobierno- y fue ejecutada junto a unidades especializadas de la PDI. El operativo incluyó decenas de allanamientos y dejó cerca de medio centenar de detenidos, tras una denuncia originada en Estados Unidos por fraudes contra adultos mayores.

Sin embargo, el episodio que tensionó la relación entre la entonces fiscal y la jefatura policial ocurrió cuando la Subdirección de Inteligencia de la PDI -a cargo de Peña- decidió trasladar a varios detectives que participaban en esa investigación, uno de ellos, el subprefecto Mauricio Fuentes -detallan fuentes policiales-, muy cercano a Steinert.

El oficio que reabrió la disputa

La controversia se reactivó semanas después del operativo “Clan Chen”, ya con Steinert instalada como ministra de Seguridad. El 13 de marzo -a menos de 48 horas de asumir- la autoridad envió un oficio reservado a Cerna solicitando información detallada sobre esos traslados de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá.

En el documento pidió la identificación de los policías involucrados, los fundamentos de sus cambios de destinación, sus nuevas funciones e incluso eventuales antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas.

La solicitud generó sorpresa en el mundo policial, pues abordaba decisiones operativas y tácticas vinculadas a una investigación penal en curso y pedía cuentas del trabajo de funcionarios que habían participado en una causa que la propia Steinert lideró como fiscal.

Días después de ese requerimiento de información, que ella misma contestó, Steinert pidió la remoción de Peña y la subdirectora de Inteligencia de la PDI fue llamada a retiro, lo que alimentó la sospecha de que la medida podría estar relacionada con el conflicto previo en torno al equipo que investigó al clan chino.

El rol incómodo de Cerna

En este escenario, el director general de la PDI quedó en el centro de la polémica. Como jefe institucional, fue quien formalizó el retiro de Peña, pero también quien recibió la solicitud de la ministra que -según diversas versiones- desencadenó la decisión.

El problema para Cerna es que su eventual comparecencia ante la Cámara puede obligarlo a aclarar hasta qué punto la salida de la oficial respondió a una instrucción política. Si respalda la versión pública de Steinert, que atribuye la decisión a la PDI, podría enfrentar cuestionamientos de los propios, ya que hay bastante molestia en los altos mandos y brigadas policiales por lo ocurrido.

Si, en cambio, confirma la presión desde el ministerio, abriría un flanco político mayor para el gobierno recién instalado.

Fuentes oficialistas sostienen que se espera que sea el ministro Claudio Alvarado (UDI), el jefe político del gabinete o el propio Presidente José Antonio Kast, quien requiera, antes de que Cerna vaya al Congreso, la versión directa de la autoridad policial, lo que se materializaría en las próximas horas.