El jueves de la semana pasada un hecho conmocionó a San Pedro de la Paz: al menos tres estudiantes terminaron heridos luego de recibir impactos balísticos dentro del colegio Nuevos Horizontes, dependiente del SLEP Andalién Costa, Región del Biobío.

La acción obligó al despliegue de autoridades y, como ocurrió al interior del establecimiento, trajo de regreso el debate sobre detectores de metales y medidas de revisión en las puertas de colegios y liceos, las que diversos sostenedores han intentado aplicar en el pasado, pero que por diversas razones -incluso multas- se han tenido que retrotraer.

Sin ir más lejos, el año pasado un estudiante de 17 años resultó herido con un arma blanca al interior del Instituto Superior de Comercio dependiente de la Municipalidad de Temuco (alcalde Roberto Neira) tras ser atacado por dos compañeros.

A raíz de este hecho el municipio instaló detectores de metales en el recinto, pero la Superintendencia de Educación, que había advertido lo que podía venir, terminó multando a inicios de mayo de este año con 56 UTM (casi 4 millones de pesos) al establecimiento por la medida. Según la Resolución Exenta N° 2025/PA/09/240, la sanción se aplicó por una infracción a la normativa educacional, específicamente por no cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad y convivencia escolar.

Pero decisiones como esta por parte del fiscalizador, a pesar de que ya no son aislados los colegios que lo han intentado, no son únicas. Ni antojadizas.

De hecho, luego de que la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) de la Región de Atacama le solicitara a la superintendencia un pronunciamiento respecto a la posibilidad de incorporar un protocolo preventivo de revisión de mochilas, así como de instalar detectores de objetos metálicos, un pronunciamiento de 2022 del entonces superintendente Mauricio Frías fue claro al respecto.

“No existe información que establezca con certeza que medidas altamente intrusivas como la inspección de mochilas y la instalación de pórticos contribuyan a disminuir efectivamente los hechos de violencia”, se lee. Por el contrario, suma, “la ejecución de estas acciones atenta contra el clima de confianza en los establecimientos educacionales -elemento clave para la buena convivencia escolar- por cuanto no resuelve las causas del problema, sino que genera mayor percepción de inseguridad entre los miembros de la comunidad escolar”.

Y se extiende: “Aun más, la ejecución de este tipo de acciones es costosa, difícil de implementar, inefectiva y distractoria, en tanto entorpece y aumenta en exceso los tiempos en el acceso a los establecimientos y no necesariamente logra identificar elementos riesgosos respecto de otros de uso cotidiano, entregándoles dicha calificación a los encargados de seguridad del establecimiento. Todo lo anterior sugiere que la adopción de este tipo de medidas no solo atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales al interior de los establecimientos educativos, sino que además son abiertamente desproporcionadas y discrecionales, considerando la extensión del problema y los controvertidos beneficios que pudieren generar en las comunidades educativas”.

Entre otros, el superintendente de esa época, además, basó su justificación en algunos pronunciamientos de Contraloría, así como un oficio de la Defensoría de la Niñez donde le respondía a la propia superintendencia la solicitud de pronunciamiento sobre la procedencia de este tipo de medidas. En ese documento, firmado por Patricia Muñoz en octubre de 2022, se señala que ambas podrían infringir estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños y adolescentes.

El tema es que a pesar de estas multas los recintos pretenden seguir insistiendo con la medida. Por ejemplo, y a raíz de diversos hechos, colegios en Valparaíso (donde incluso se sorteó una multa en tribunales) y Antofagasta ya lo han intentado.

El propio alcalde de Temuco dice que nadie de la comunidad escolar “se ha sentido vulnerado en su dignidad, muy al contrario, han apoyado (...) el problema hoy lo tiene un estamento del Estado”.

Y suma: “Del procedimiento administrativo nosotros nos vamos a defender, pero en ninguna parte sale que tenemos que sacar los pórticos. Vamos a recurrir a todas las instancias porque lo que menos queremos es volver atrás en una medida de seguridad que la comunidad valora”.

Al respecto, el diputado de la zona Henry Leal (UDI) presentó una moción que permitiría implementar pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales, así como en centros de salud pública. Justamente, el alcalde de Temuco fue uno de los invitados a exponer del tema a la Comisión de Seguridad Ciudadana este lunes, donde Lean expuso que su idea busca que acciones como la implementada en Temuco no sean sancionadas.

Ocurre que lo de San Pedro de la Paz no es un hecho aislado de armas que ingresan a recintos educacionales. Basta con buscar en Google para encontrarse con varios ejemplos.

El 21 de marzo de este año un estudiante recibió ocho puñaladas al interior del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar de Angol, en La Araucanía; en septiembre de 2023 un alumno fue apuñalado en una sala de clases en el Colegio San Pedro Nolasco de Concepción; en marzo, otro golpeó con una pistola a un compañero en el Liceo Monseñor Guillermo Hartl de Pritufquén; en abril en el Liceo Radomiro Tomic de Calama un estudiante fue sorprendido portando un arma, y el mes pasado ocurrió un hecho idéntico en el Liceo La Asunción de Talcahuano. Días antes, en Chillán, dos alumnos resultaron heridos luego de pelear, ambos con arma blanca, en el Liceo María Ward.

Hace pocos días, además, un estudiante de 14 años ingresó un arma al Liceo Bicentenario Politécnico San José de Curicó, tras lo cual una compañera tomó la pistola y amenazó a un profesor para que le subiera las notas. Y casi en paralelo a la exposición de Neira en el Congreso, dos menores del Liceo Bicentenario Hermanos Sotomayor Baeza de Melipilla protagonizaron una riña con arma blanca al interior del establecimiento la tarde de este lunes.

Todo esto, dicho está, ha puesto de nuevo el debate sobre la mesa.

Incluso el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se abrió a la idea luego de lo ocurrido en San Pedro de la Paz. “No me cierro a que esta discusión la podamos tener con profundidad, pero tenemos que ver cuál es el alcance y los efectos que tiene”, dijo una vez ocurridos los hechos.

Hoy, consultado por La Tercera, agrega que “el llamado es a no banalizar el debate. Los problemas de seguridad al interior o en el entorno de los establecimientos educacionales no se van a resolver con pórticos. El caso de San Pedro de la Paz ilustra que esos dispositivos no serán obstáculo para acciones como las que lamentamos, porque el problema es de otra naturaleza. Es una medida cara, de compleja implementación, y que incluso volverá a hacer evidentes las diferencias de recursos dentro del sistema. No nos podemos confundir en esto: las escuelas no son aeropuertos ni embajadas. Si los pórticos fracasan, ¿qué viene después? La evidencia nacional e internacional está lejos de ser concluyente respecto a que efectivamente estos elementos vayan a impedir hechos de violencia. Ello es así porque el problema de la violencia es de una naturaleza distinta".

Dice, además, que los hechos son un indicador de cómo nos estamos relacionando como sociedad “y eso es algo mucho más complejo que si usamos pórticos o no. Reitero, es una conversación que podemos tener, pero no es lo más significativo en este debate y está lejos de circunscribir el problema que tenemos”. Por eso, cierra, el proyecto de ley del gobierno sobre convivencia escolar y otras medidas implementadas por su cartera son “de mayor pertinencia que la propuesta de los pórticos”.

Para los expertos el debate al menos tiene que darse. María Paz Arzola, investigadora y coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo y exintegrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, asevera que “si bien este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, cuyo origen excede el espacio escolar, hemos llegado a un punto en que se hacen necesarias para garantizar un mínimo de seguridad de los estudiantes”.

Y suma: “El que haya colegios solicitando la medida desde hace un tiempo y que la superintendencia y los demás organismos competentes se la hayan negado, es un ejemplo más de cómo las autoridades centrales suelen llegar tarde a las necesidades de los colegios, con las consecuencias lamentables que hoy se han visto”.

Mientras que,Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, defiende el uso de los detectores: “No debe descartarse una medida como esta, atendiendo a que va creciendo el ingreso de la delincuencia y del crimen organizado en los entornos escolares. Hay que ver cómo hacerlo factible con elementos que le den legitimidad y permitan que su funcionamiento minimice los riesgos que afecten los derechos fundamentales de los niños”.