Un año y siete meses han pasado desde que Manuel Monsalve renunció como subsecretario del Interior. Esto, horas después de que se conociera que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte había iniciado una investigación en su contra por los presuntos delitos de violación y abuso sexual, tras la denuncia de una mujer que había ejercido como su asesora.

Durante todos estos meses el exmilitante socialista ha insistido en su inocencia -pese a que el Ministerio Público ya presentó acusación en su contra como autor de ambos delitos-, pero también en el que ha recalcado que hay serias irregularidades en el sumario administrativo en su contra que se abrió en el gobierno pasado por parte de la exministra Carolina Tohá (PPD).

Fue por ello que en junio del año pasado, vía un recurso de protección, intentó que los tribunales anularan el proceso. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Suprema declararon la acción inadmisible.

Pese a ello, Monsalve ha persistido en reunir antecedentes para probar que el sumario sería ilegal. Según él ha argumentado, la resolución que le dio curso al proceso disciplinario se dictó horas después de que él formalizara su renuncia al cargo.

Con el correr de los meses, como transmiten desde su entorno, habría alcanzado convicción de que en la administración del gobierno anterior se adulteraron documentos para dotar de aparente legalidad las acciones realizadas.

De hecho, como pudo conocer La Tercera, recientemente Monsalve decidió recurrir ante las autoridades de la administración del Presidente José Antonio Kast para que inicien las acciones pertinentes para establecer posibles responsabilidades.

El pasado 25 de marzo Monsalve ofició al subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), para que analice una serie de antecedentes que puso a disposición. El objetivo es que el subsecretario instruya un sumario administrativo e igrese una denuncia ante el Ministerio Público por eventual delito de falsificación de instrumento público.

En ese escrito de 11 páginas el exsubsecretario informó que pudo obtener antecedentes del Sistema de Gestión Documental (SIGE), la herramienta donde queda registro electrónico de actos administrativos y que genera metadatos inmutables. Específicamente en el oficio se hace referencia a una evidencia denominada “Trazabilidad de Documento”.

Ese insumo, como advirtió Monsalve, le permitió acreditar que la resolución exenta que daba curso a su sumario se creó en el sistema el 17 de octubre de 2024 a las 20.10 horas, seis horas después de que su renuncia se formalizó y aceptó.

Por lo mismo, recalcó que la fecha que se estampó en el papel una vez impresa esa resolución es falsa, pues el 16 de octubre no se había dictado ningún acto administrativo.

Según se subrayó por parte de Monsalve en el documento enviado a Pavez, ese registro sería objetivo, automático e inalterable. Otras anotaciones, documentos o manuscritos, agregó, no tendrían validez, porque según la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos y la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, los registros electrónicos de los órganos públicos prevalecen por sobre los anteriores cuando existe contradicción.

Quienes conocen del oficio enviado, además, señalan que Monsalve citó palabras textuales de la exministra Tohá en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de investigar los actos de autoridades tras la denuncia en su contra, instancia en que señaló que el sumario “quedó decretado el viernes”. O sea, el 18 de octubre.

Asimismo, citó declaraciones de otros funcionarios que se desempeñaban en la repartición que lideraba, e hizo alusión al testimonio que habría compartido Vanesa Marimon, quien fue precisamente quien firmó la resolución que decretaba el inicio del sumario.

Como manifestó Monsalve, ella habría reconocido a exintegrantes del gabinete que concurrió a firmar el documento por petición de la funcionaria Claudia Hernández luego de las 16.00 horas del jueves 17 de octubre de 2024, es decir, después de que Luis Cordero ya había asumido como su sucesor.

Por lo mismo, a juicio del exsubsecretario, es claro que el sumario que lleva Contraloría no tendría validez, independiente de las posibles sanciones que haya propuesto el fiscal instructor. A juicio del exsubsecretario la clave está en que la resolución que lo origina sería ilegal, ya que se habría falseado su verdadera fecha de creación.

Lo expuesto, para Monsalve, sería constitutivo del delito de falsificación de instrumento público en su modalidad de dar a un instrumento público una fecha que no es la verdadera y de hacer en él una inserción falsa. Por ello solicitó se hagan las presentaciones correspondientes en Fiscalía.

Frente a todo esto, como pudo conocer La Tercera, Pavez acusó recibo y transmitió que analizaría los antecedentes.

La jugada de Monsalve resulta clave incluso para la indagatoria penal. Si bien su sumario se ventila en sede administrativa, conseguir derribar los posibles cargos y sanciones de un sumario, a su juicio ilegal, podría favorecer su posición al momento de enfrentar ante el tribunal oral en lo penal lo que será su batalla más dura.

Antecedentes a Contraloría

Durante todo este tiempo, el sumario contra Monsalve ha estado en manos de la Contraloría. Por lo mismo, cuando conocieron de los antecedentes que se incluyeron en el oficio remitido a Pavez, previamente el abogado Enrique Aldunate los presentó ante el fiscal instructor y ante la propia contralora Dorothy Pérez.

En su momento, adicionalmente, se acompañaron en la tramitación del recurso de protección que no prosperó en tribunales.

En ambos escritos, como pudo recabar este medio, hicieron mención a que los actos administrativos “dejan una huella indeleble que no puede ser alterada por la voluntad humana ni por la confección de documentos en papel con fechas manuscritas”.

Y adjuntaron directamente una copia de la “trazabilidad del documento” que “certifica” que la polémica resolución se habría antedatado.

La discrepancia cronológica, apuntaron Monsalve y su abogado, “es el corazón del vicio”.

“La administración pretende hacer valer un documento físico fechado el día 16, pero su propio sistema informático central delata que dicho acto no existió en el mundo jurídico hasta la noche del día 17 de octubre de 2024″, manifestaron.