El martes 26 de agosto fue un buen día para el exbrigadier del Ejército José Zara. A sus 81 años y luego de pasar 15 años en la cárcel al fin pudo caminar en libertad.

Ese martes Zara terminó de cumplir su pena por el homicidio del general Carlos Prats y al fin pudo abandonar la cárcel de Punta Peuco para recuperar su libertad y volver a su casa junto a su familia.

El fin de su condena no pasó desapercibido. El gobierno aseguró que si bien ya no le quedaban años de cárcel y había que cumplir las normas del proceso penal, criticó que Zara no haya colaborado con información para esclarecer otros casos de violación a los derechos humanos.

Una de las tres hijas de Prats, Angélica Prats, también reaccionó al hecho. En entrevista con La Tercera, la hija del general comentó que la salida de Zara de Punta Peuco “nos hace revivir lo intolerable que es la justicia incompleta”. También afirmó que “al cumplirse los 15 años, que pareciera que eran muchos, uno siente que no es mucho, que haber asesinado a dos personas de 59 y 57 años en la forma en que se hizo no es tolerable”.

Sin embargo, las buenas noticias para Zara rápidamente llegaron a su fin. El jueves 27 de agosto la PDI llegó hasta su casa para detenerlo y volver a encarcelarlo, esta vez, en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

La razón se debió a que el ministro Alejandro Aguilar despachó de oficio una orden de detención para que Zara cumpla la medida cautelar de prisión preventiva. Todo esto en el marco de la investigación por homicidio que lleva adelante la ministra en visita Paola Plaza, que está examinando el rol de Zara en el homicidio de la ciudadana estadounidense Ronni Moffit, la secretaria de 25 años del excanciller Orlando Letelier, producto del atentado explosivo que ocurrió en septiembre de 1976 en la ciudad de Washington.

“José Zara es una persona que tuvo muy alta responsabilidad a la época de los hechos. Era el número dos de la DINA Exterior. O sea, por encima de él solo estaban Pedro Espinosa y Manuel Contreras. Es una persona que tuvo una de las más altas responsabilidades”, explica el abogado querellante y experto en causas de derechos humanos Francisco Bustos.

Procesado y acusado

Este es un caso que partió cuando la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, ingresó una querella por los delitos de homicidio y asociación ilícita en contra de todos quienes sean responsables. La causa en un inicio la tomó el exministro en visita Mario Carroza y ahora último terminó en manos de Plaza.

Fue el 24 de noviembre de 2021 que la magistrada Plaza dictó el procesamiento en contra de Zara. En el documento de seis páginas, la jueza lo sometió a proceso por el delito de homicidio calificado. En ese auto de procesamiento la ministra llegó a la conclusión de que existen “presunciones fundadas” para responsabilizar a Zara en calidad de autor del delito.

En ese proceso, la magistrada expuso los hechos que evidencian el rol que tuvo el exbrigadier del Ejército en esta operación. Lo primero que constató es que existió “un plan desarrollado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuya máxima autoridad recaía en el general Manuel Contreras y cuyo jefe de operaciones era Pedro Espinoza, bajo un contexto de orgánica”, con el objetivo de llevar a cabo “una serie de atentados fuera del territorio nacional contra la vida de ciudadanos chilenos”.

“Para tal efecto se efectuaron diversas coordinaciones y reuniones. Una primera etapa consistió en comisionar a un funcionario de la DINA, el capitán Armando Fernández Larios, para viajar a Paraguay y conseguir pasaportes que les permitieran a él y a un grupo operativo viajar posteriormente a Estados Unidos. Mismas instrucciones recibieron Michael Townley Weich, quien se sumó a estos, y también los contactos que habían establecido con el grupo cubano denominado Movimiento Nacionalista Cubano, a los cuales se le había encomendado efectuar seguimientos a Orlando Letelier, excanciller de Chile en Estados Unidos, quien a esa fecha trabajaba en el Instituto de Estudios de Política en Washington D.C.“, se lee en el documento.

Según el procesamiento de la ministra Plaza, “el 18 de septiembre de 1976 todo el equipo se trasladó hasta el domicilio de Orlando Letelier para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de sus rutinas, revisión de traslados”.

Más tarde, plantea la magistrada, hubo “gestiones al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la operación, quien con la información recibida y canalizándola a través de los conductos jerárquicos, impartió la orden de instalar un artefacto explosivo en el automóvil del exministro de Relaciones Exteriores“.

Según la jueza, “los oficiales chilenos a cargo del operativo, desde los actos iniciales de ejecución del delito, esto es, la preparación, la elección de los agentes, los medios económicos y las coordinaciones en el extranjero, los estudiaron cuidadosamente, lo cual permite señalar que de manera consciente decidieron la consumación del delito, como también sus consecuencias y alcances, controlando el desarrollo y realización del hecho material”.

De acuerdo a toda la prueba que hay en el caso, la magistrado pudo comprobar que “para el año 1976 dentro de la estructura con que actuaba la DINA había un departamento DINA Exterior, integrado por un grupo de agentes abocados al conocimiento de asuntos y políticas internacionales y otro que desarrollaba labores operativas exteriores, siendo Zara uno de los que ejercieron dirección y control a la época de los hechos en esta última sección”.

Tiempo después, el 22 de junio de 2023, la ministra Plaza dictó la acusación en contra de Zara. A él se sumaron también Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann. La causa está en estado de plenario a la espera de que la magistrada Plaza dicte la sentencia de primera instancia.