A las nueve de la mañana de este miércoles continuó la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI). Durante la jornada, fue el turno de la defensa de la otrora autoridad, Cristóbal Bonacic, de rebatir los argumentos del Ministerio Público, ente persecutor que acusa a Lavín León de los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Pero antes del turno del abogado de Lavín León, fueron los querellantes quienes expusieron sus argumentos para plegarse a la petición del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva en contra del exparlamentario. El abogado Rodrigo Álvarez, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), planteó que “para el CDE, los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad”.

En esa línea, afirmó que “no hay ninguna otra medida cautelar que sea suficiente y que sea proporcional para cautelar los fines del procedimiento y para proteger la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación”.

Por su parte, el abogado que representa a la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, previo al comienzo de la audiencia, apuntó a la unión de este caso con la causa de la cónyuge de Lavín, la excaldesa de Maipú Cathy Barriga. “Están muy unidos ambos casos. De hecho, la arista contra el exdiputado Lavín surge a partir de la investigación contra la exalcaldesa. Por lo tanto, hemos señalado persistentemente desde ya hace bastante tiempo que para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la Municipalidad de Maipú“, aseguró.

Los argumentos de Lavín León

La defensa del exdiputado, por su parte, estructuró su argumentación siguiendo el orden de las imputaciones que realizó la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien planteó que Lavín León defraudó al Fisco a través de la emisión y rendición de facturas falsas al Congreso para pagar gastos de campaña, financiando una aplicación para campaña con recursos de la Cámara de Diputados y ejerciendo influencias en la Municipalidad de Maipú durante el mandato de su pareja.

En ese sentido, respecto a la rendición de facturas de los gastos de campaña, específicamente sobre impresiones de publicidad política, la defensa de Lavín cuestionó las declaraciones del dueño de la imprenta, Juan Silva, también imputado y formalizado en la causa. En ese sentido, planteó que no existían deudas por pagar con la imprenta y que dicha empresa tenía un desorden financiero. Argumentos que a juicio del abogado, plantean una “inconsistencia en la tesis del Ministerio Público”.

“Eso da cuenta, su señoría, de cómo el Ministerio Público va ajustando los hechos para que resulte una imputación más sólida, robusta, gruesa, y dejar a mi representado como si fuera, efectivamente, una persona que se dedica todo el servicio público a defraudar al Estado de Chile”, aseguró Bonacic.

Sobre la aplicación desarrollada por la empresa Modo74, de propiedad de un exasesor de Lavín, el abogado defensor planteó que contrario a la tesis de la fiscal Encina, dicha plataforma sí funcionaba y que no era para una campaña, sino que para el trabajo parlamentario. “Si servía, servía para el trabajo parlamentario y por eso la ha seguido usando hasta el último día de su trabajo, de su equipo”, sostuvo el abogado.

Respecto a la misma aplicación, y sobre el posible levantamiento de bases de datos con electores, el defensor Bonacic señaló que “cuando el Ministerio Público habla de esto, implica desconocer que este trabajo efectivamente se realizaba. (...) Las llamadas que se hicieron simplemente a la base de datos o los contactos de los concejales, las cuales tenían que ver si esa persona existía o no existía, y luego se chequeaba y se incorporaba como un contacto a nivel nacional. Esa es toda la actividad que tenían que hacer, jamás llamar a ningún candidato como para campaña promocionando A, B o C”.

Sobre el presunto tráfico de influencias, Bonacic debatió una a una las posibles injerencias que habría tenido, según el Ministerio Público, el parlamentario en el municipio encabezado por Barriga. En ese sentido, afirmó que las desvinculaciones no se podían atribuir a su cliente e, incluso, ejemplificó una contratación -supuestamente pedida por Lavín- que no se concretó. “Parece que la fuerza que tenía el señor Lavín no era tanta”, planteó.

El rechazo a la prisión preventiva

La última parte de la presentación de Bonacic se enfocó en argumentar, jurídicamente, su solicitud para que el magistrado Daniel Urrutia, rechace la medida cautelar propuesta por el Ministerio Público. En ese sentido, afirmó que existen atenuantes en favor del exdiputado, una disminución en la calificación de los delitos y en las posibles penas de llegarse a un juicio y sentencia.

Respecto a la necesidad de cautela, que a juicio de la Fiscalía justificaría la prisión preventiva, el abogado planteó: “¿Cuáles son las diligencias pendientes, su señoría, que justificarían la prisión preventiva de una persona que además tiene una situación personal y familiar delicada?“. En ese sentido, Bonacic recalcó que la cónyuge de Lavín está cerca de un juicio, bajo medidas cautelares y que el exdiputado es padre de dos hijos menores de edad. “Eso, su señoría, da cuenta de la importancia o la innecesariedad, más bien la falta de necesidad de la prisión preventiva”, aseguró.

“Su señoría, no escuché ningún argumento, en concreto, que me dijera por qué se justifica la prisión preventiva, salvo esta gravedad de las penas o estas, supuestamente, diligencias que tienen que realizarse sin que se indique cuál es la idea en concreto, y por qué su señoría, hoy día, la libertad de mi representado correspondería a un peligro para el éxito de la investigación, cuando lleva más de dos años y medio”, argumentó Bonacic.

La argumentación del abogado concluyó afirmando que “si se hubiera querido contactar con alguno de los testigos, su señoría, para amedrentarlo, asustarlo, manipular su declaración, lo hubiera hecho hace mucho rato, no dos años y medio después”.

La audiencia se retomará este jueves, día en el que será el turno de la defensa del exasesor territorial del exdiputado, Arnaldo Domínguez. Después de aquello, y tras las réplicas entre las partes, se espera que el juez Urrutia decrete las medidas cautelares en contra de los imputados.