El primer encuentro entre la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) dejó una señal nítida, aunque un tanto incómoda para el sistema, según comentan en privado algunos jefes de planteles. Allí, la secretaria de Estado, que llegó a la cita junto a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, remarcó que el financiamiento de la educación superior no será prioridad en el corto plazo, considerando además el recorte del 3% que tiene que hacer cada cartera. La cita, realizada este jueves en la Universidad de Concepción, estuvo marcada por un diagnóstico compartido sobre estrechez fiscal, pero también por una diferencia de énfasis respecto de dónde deben concentrarse los recursos.

Según lo expuesto en la sesión por el Mineduc, el margen presupuestario para 2026 es acotado y obliga a tomar definiciones. En esa línea, la ministra Arzola transparentó que cualquier peso adicional será dirigido prioritariamente a la educación inicial, en particular al fortalecimiento de niveles parvularios, relegando a un segundo plano eventuales expansiones de financiamiento para educación superior.

La idea replicó, en lo sustantivo, los lineamientos que la autoridad ya había dado a conocer en el Congreso, donde ha dicho que los recursos en educación superior se han triplicado en el último tiempo, mientras que a la educación inicial, donde quiere poner el foco, se le ha postergado.

Aunque no se entregaron cifras desagregadas ni detalles de reasignaciones, el mensaje fue suficientemente claro para los rectores. Desde el Cruch la reacción es de cautela. El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, valoró el foco en primera infancia, subrayando que “no podríamos estar en desacuerdo” con reforzar ese nivel, dada su incidencia de largo plazo. Sin embargo, advierte que el ajuste presupuestario tendrá efectos relevantes en el ecosistema universitario, especialmente en instituciones adscritas a gratuidad y sujetas a marcos regulatorios más estrictos.

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los rectores es la rigidez del presupuesto. El rector Saavedra estima que entre un 80% y un 82% de los recursos ya están comprometidos en partidas como gratuidad, Crédito con Aval del Estado (CAE) y subvenciones escolares. Esto deja un margen efectivo cercano al 18% o al 20% sobre el cual se aplican los recortes. En términos prácticos, el ajuste global del 3% se traduce en reducciones significativamente mayores en ese segmento flexible, con impactos que podrían bordear el 15% o incluso el 18% en programas no protegidos.

Ese estrecho espacio es precisamente donde operan varios fondos basales, iniciativas de desarrollo institucional y programas de apoyo que sostienen el funcionamiento cotidiano de las universidades. “Allí es donde se genera la preocupación”, resume Saavedra, quien apuntó a la incertidumbre sobre qué partidas serán finalmente afectadas y si se tocarán líneas históricas de financiamiento.

La idea es reforzada por la rectora de la UMCE, Solange Tenorio: “Haber abordado más temas nos hubiese tranquilizado de alguna manera a los rectores respecto a cuáles son las posibles modificaciones o los recortes que se van a hacer”.

A ello se suma un segundo eje de tensión: la regulación. Los rectores insistieron en la necesidad de mayor agilidad normativa y de certezas financieras para proyectar crecimiento. El rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres, detalla que se planteó cómo se visualiza la oportunidad de desarrollo que va a tener el sistema de educación superior, más allá de la matrícula, que responde a factores también demográficos, sino cómo se convierte en un motor relevante para el desarrollo del país. “Y también se requirió una mayor especificidad respecto de los recortes presupuestarios que vendrían a la educación superior, dado que el Ministerio de Educación, en términos generales, tiene que disminuir su presupuesto y esto seguramente va a quedar concentrado en algunas partidas que todavía no sabemos cuáles”, expresó.

El sistema, argumentan, enfrenta asimetrías relevantes entre instituciones reguladas, como las del Cruch, y otras por fuera que operan con mayor flexibilidad en aranceles y matrícula. En un escenario de restricciones fiscales, esas diferencias pueden profundizar brechas competitivas, creen.

Benito Umaña, rector de la U. del Biobío, dice al respecto que “muchas de las cuestiones que hemos estado planteando como universidades del Estado tienen que ver, no con más recursos, tienen que ver con mayor agilidad en la tramitación, menor burocracia. La burocracia no es mala, pero la burocracia excesiva es mala y tenemos exceso de burocracia”.

Otro elemento que tensiona el cuadro es el efecto de arrastre hacia el próximo ciclo presupuestario. Desde el Cruch advierten que las decisiones de este año no son neutras: el presupuesto 2027 se construirá sobre la base de este ajuste, lo que podría consolidar una senda de menor expansión para la educación superior si no se corrigen las restricciones.

Umaña señala que “lo que afectaría mucho al sistema, a las universidades y al país es que se bajaran, por ejemplo, algunos de los recursos basales, eso sería una cuestión muy compleja porque efectivamente no solo afecta a la institución, afecta a las personas, a las comunidades, a los estudiantes, al país. Esos recursos están invertidos”.

Pese a todo, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abierto el canal de diálogo. El Cruch reiteró su disposición a colaborar en el diseño de soluciones. “Recién contamos con el titular, ahora nos falta saber el resto de los detalles”, ejemplificó Saavedra sobre este primer encuentro con Arzola. Otros rectores dicen que faltó profundidad para conocer realmente la postura del nuevo gobierno.

¿Y del futuro del FES o, en su defecto, el devenir del CAE? No se profundizó en la instancia, aunque sí se habló de la idea del gobierno de restringir la expansión de la gratuidad.