Secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio: Cámara aprueba cinco proyectos de seguridad

Con un minuto de silencio en honor a la sargento segunda Rita Olivares Raio. Así empezó, pasadas las 10.00 horas de este martes, la intensa jornada que se vivirá en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas donde se votarán cinco proyectos de ley -que están en su primer trámite constitucional- relacionados a seguridad pública, para así entregar una señal de apoyo a Carabineros en medio del nuevo hecho que enluta a la institución: el asesinato de otra funcionario policial.

Durante la mañana, el primer proyecto en votarse fue la modificación al Código penal que busca agravar las penas del delito de secuestro, que finalmente fue aprobado por 143 diputados, y no contó con ningún voto en contra ni abstención.

Asimismo, el proyecto de ley que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos también contó con un apoyo transversal: 147 diputados lo suscribieron y tampoco registró detractores ni abstenciones.

Ya, durante la tarde, fue aprobado por 105 votos a favor -sin rechazos ni abstenciones- el proyecto que tipifica el delito de extorsión y entregar más herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de posibles delitos en los recintos penales.

Posteriormente, con igual votación que el proyecto anterior, fue despachado al Senado la iniciativa que busca modificar el Código Penal para sancionar el delito de sicariato, o como fue definido en el proyecto, “la conspiración para cometer homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro”.

Finalmente, por 119 votos a favor, uno en contra y 24 abstenciones, fue visado el proyecto que busca ampliar las facultades de los policías en materia de control migratorio. En concreto, la iniciativa modifica la ley N°20.931, para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N°21.325, de migración y extranjería

Ahora las iniciativas continuará su camino legislativa en el Senado, donde se espera que también tengan una rauda tramitación y puedan ser despachadas a ley cuanto antes.

La votación de los proyectos se concretó luego de un acuerdo celebrado entre los presidentes de ambas cámaras del Congreso -el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Vlado Mirosevic- y la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el titular de Justicia, Luis Cordero, para acelerar la tramitación legislativa de proyectos de ley sobre seguridad pública.

En concreto, según anunció el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, se buscará despachar 15 proyectos en materia de seguridad durante los próximos tres meses.

Aunque todavía no existe claridad sobre cuáles serán esas iniciativas, desde el Ejecutivo adelantaron que entre martes y miércoles se votarán siete proyectos de ley que se acordaron con la Cámara Baja, corporación que suspendió su semana distrital para sesionar en respuesta a la contingencia.

Durante la discusión del proyecto de ley que busca agravar las penas del delito de secuestro, iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo el 12 de diciembre del año pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó algunas cifras que dan cuenta sobre el aumento del delito de secuestro en Chile: del 2021 al 2022, este ilícito aumentó en un 79%, mientras que respecto al 2019 creció en un 51%. Aclaró, eso sí, que “desde el 2019 no hemos tenido secuestros que estén asociados a homicidios, a violación o lesiones graves”.

Una vez concluida la sesión de la mañana, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, aseguró que “es importante la señal que hemos dado esta semana”, en referencia a los siete proyectos en materia de seguridad que se empezaron a discutir ayer, afirmando que “en esto necesitamos un acuerdo nacional”.

“Hay que seguir legislando sobre seguridad y por lo tanto con el gobierno y con el Senado nos estamos poniendo de acuerdo en que estos proyectos sean de rápido despacho”, señaló Mirosevic.

Mirosevic, aseguró que de igual manera van a haber proyectos “que van a demorar un poco más de tiempo, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad”, pero valoró en que han tenido “una buena semana en términos legislativos”.

Durante la tarde, tras la discusión de las 3 últimas iniciativas votadas, la ministra Tohá recordó que “todos los proyectos vistos el día de hoy son proyectos presentados por el Ejecutivo o que el Ejecutivo ha respaldado, y que nos parecen esenciales para enfrentar una parte de las materias que tenemos al frente en materia de seguridad”.

“Se ha dicho varias veces en esta sala que tuvo que suceder la muerte de la sargento Olivares para que el Ejecutivo quisiera discutir estos proyectos. Queremos decir que estos proyectos los presentó el Ejecutivo en diciembre, están con urgencia desde enero y están incluidos en el compromiso transversal con fechas explícitas en las cuales pretendíamos despacharlos, presentarles urgencia, y hemos cumplido con esos compromisos”, destacó la secretaria de Estado.

“No es efectivo que el Ejecutivo esté aquí a contrapelo, al revés, estos proyectos los presentamos nosotros, y cuando los presentamos, algunos sectores de oposición alegaron porque estábamos presentando proyectos mientras estábamos en la mesa de seguridad. Y nosotros dijimos ‘no, si ya hay acuerdo en estos temas, por lo menos avancemos, no generemos conflictos en algo que en el día de hoy vemos que hay convergencia’”, añadió Tohá.

La ministra Tohá, antes de retirarse para asistir al responso de la sargento Rita Olivares, explicó en su alocución que el paquete de medidas presentadas por Ejecutivo no incluyen “solo la materia que estamos analizando en este momento que se refiera secuestros, sino también a modificación de las normas en lo que se refiere al tratamiento del sicariato, extorsión, de las facultades que tiene gendarmería para contribuir a la investigación de delitos que se organizan desde los recintos penales y también las normas para perseguir el porte de armas en lugares altamente concurridos”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) apuntó en su intervención que frente a “las organizaciones transnacionales con alto poder de fuego” se debía oponer “la protección a la vida en común”. “El crimen organizado es otra cara más de hacer prevalecer la ganancia a cualquier precio, como los que destruyen el planeta; el crimen organizado es el capitalismo organizado a nivel delincuencial”, expuso la legisladora.

El diputado exDC Miguel Ángel Calisto puntualizó que “no solamente tenemos que aumentar las penas, tenemos que evitar que este tipo de delitos se cometan, y por eso es que es fundamental que garanticemos que nuestras policías tengan atribuciones, como la presunción de legalidad en el uso de la fuerza”, dijo el parlamentario en alusión a los proyectos de ley Naín y Retamal.

En tanto, el jefe de la bancada de diputados Evópoli, Francisco Undurraga, planteó que se debía “definir la carrera funcionaria de las policías, (...) para que entren más policías y entren más gendarmes, para hacer de estas leyes unas leyes viables”.

El republicano Cristian Araya, en tanto, en su intervención aludió directamente al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic: “A usted no le creo, porque usted trataba como desproporcionado que un carabinero usara su arma de servicio frente a un tipo armado con un machete en Panguipulli. Usted votó en contra del proyecto contra el crimen organizado y en contra de la ley Naín 1″, acusó.

“Tenemos que promover la disminución de la agresividad en este hemiciclo”, llamó quien preside la Mesa de la Cámara.

Este lunes, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja aprobó una indicación presentada por legisladores de oposición para incorporar disposiciones contempladas en la Ley Retamal en Ley Naín, para así no postergar la tramitación de ambas propuestas, pero especialmente sobre Retamal, que consagra la presunción de uso justificado de armas de servicio y lleva el nombre del sargento de Carabineros, Carlos Retamal, quien falleció el 11 de octubre de 2022, tras sufrir una agresión con un fierro en una fiscalización a una carrera clandestina en San Antonio.

Esa indicación espejo fue aprobada este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con nueve votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra. Con ello, la nueva ley Nain-Retamal se votará el miércoles en la Sala.

Sin embargo, desde el Ejecutivo, en tanto, han transmitido que preferían discutir algunas disposiciones que contempla la Ley Retamal en la reforma al Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), que se encuentra actualmente en redacción. Pero ante la jugada de la oposición, el gobierno incorporó a Retamal la serie de artículos relativos al uso de la fuerza que estaban preparado, para así adelantar la votación para este martes del proyecto. Finalmente, la contrajugada no prosperó y ambos proyectos serán discutidos este miércoles en sesiones especiales: la Ley Retamal (con indicaciones del gobierno) y la Ley Naín-Retamal (donde la oposición intentó fusionar ambas).

La así llamada ley Retamal no es un trago fácil para La Moneda, ya que, en primer lugar, divide al oficialismo. Tampoco convencía al gobierno el hecho de que esa moción modificara un conjunto de cuerpos legales en forma no armoniosa. De partida, este miércoles, la Cámara también pretende discutir la llamada ley Nain (en recuerdo del cabo Eugenio Nain, asesinado en una emboscada en Padre Las Casas, en octubre de 2020), que aborda paralelamente otros de los objetivos de la ley Retamal: establecer mayores penas contra quienes ataquen a policías.