Varias jugadas de última hora adoptaron este lunes el gobierno y las bancadas opositoras para encarar la inminente discusión de la llamada ley Retamal, proyecto presentado por diputados de RN, en octubre del año pasado, que establece un paquete misceláneo de medidas en favor de las policías.

No obstante, el punto más sensible de la iniciativa es el que refuerza la presunción de uso justificado de armas de servicio.

La ley Retamal, además, fue fusionada con otra moción transversal, firmada incluso por seis diputados socialistas, que establece la “legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales”. De ser aprobada, esa norma eximiría de responsabilidad penal a los efectivos que llevan a cabo acciones para repeler agresiones contra su integridad o la de terceros y también cuando impidan delitos.

Debido a estas consideraciones, esta moción (nombrada en recuerdo del sargento de Carabineros, Carlos Retamal, quien falleció el 11 de octubre de 2022, tras sufrir una agresión con un fierro en una fiscalización a una carrera clandestina en San Antonio), se convirtió en el punto central y más complejo de esta semana de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Tras el homicidio de la sargento segundo Rita Olivares, el fin de semana, la Cámara, en acuerdo con el gobierno, había decidido suspender la semana distrital (de trabajo en territorios) para abocarse a la discusión urgente de varios proyectos de la agenda de seguridad ciudadana.

El problema es que la llamada ley Retamal no es un trago fácil para La Moneda, ya que, en primer lugar, divide al oficialismo. Tampoco convencía al gobierno el hecho de que esa moción modificara un conjunto de cuerpos legales en forma no armoniosa. De partida, este miércoles, la Cámara también pretende discutir la llamada ley Nain (en recuerdo del cabo Eugenio Nain, asesinado en una emboscada en Padre Las Casas, en octubre de 2020), que aborda paralelamente otros de los objetivos de la ley Retamal: establecer mayores penas contra quienes ataquen a policías.

Según fuentes de RN, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (quien está subrogando a la ministra Ana Lya Uriarte, ausente por enfermedad), sostuvo conversaciones con representantes de bancadas opositoras, a quienes les habría manifestado que el Ejecutivo prefería discutir algunas disposiciones de la ley Retamal en la próxima reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que se encuentra en proceso de redacción.

En las bancadas opositoras, sin embargo, había suspicacias de que La Moneda dilataría el debate de la ley Retamal, por lo que hicieron una jugada reglamentaria. Presentaron una indicación espejo con las mismas disposiciones de la ley Retamal dentro la ley Nain (que sólo incluía aumento de penas), con el fin de que la izquierda no aplazara lo que era -a su juicio- el objetivo central de la agenda de esta semana: dar a los policías un estatuto de protección que les permita usar la fuerza frente a agresiones en su contra.

Esa indicación espejo fue aprobada este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con nueve votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra. Con ello, la nueva ley Nain-Retamal se votará el miércoles en la Sala.

Sin embargo, paralelamente el gobierno hizo una jugada propia. Al exponer en la mencionada comisión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo presentaría su reforma sobre Reglas de Uso de la Fuerza como una indicación dentro de la ley Retamal original.

Tohá explicó que la voluntad del Ejecutivo era regular esta situación, ya que muchas veces el funcionario terminaba imputado, a pesar de que hubiera hecho uso correcto de su arma. Y aunque fuese liberado de responsabilidad en la investigación judicial, igual se manchaba su hoja de vida. En esa línea, explicó que el gobierno “tenía previsto en las RUF (la nuevas Reglas de Uso de la Fuerzas) incorporar una serie de normas que se hacen cargo de todos estos temas y hacer modificaciones al Código de Justicia Militar... (pero) lo que pensábamos poner en las RUF (que servirá a policías y a militares) lo vamos a poner ahora vía Retamal, porque se va a votar antes”.

Finalmente, la llamada ley Retamal con la indicación del Ejecutivo se votará el mismo miércoles cuando se zanje la otra moción espejo fusionada con la ley Nain.

Además del estatuto para uso de armas en defensa propia o de terceros, la ley Retamal faculta que los funcionarios puedan emplear armamento automático.

Igualmente, este proyecto aumenta penas para agresiones contra policías y restringe beneficios carcelarios a condenados por delitos contra efectivos.

También permite controles de identidad a los ocupantes de un vehículo, tipifica atentados incendiarios contra bienes institucionales, añade la pena de la expulsión a extranjeros condenados por delitos contra funcionarios, exime al detective o carabinero de responsabilidades personales por daños a vehículos durante una persecución y redefine los delitos contra la policía “en razón de su cargo o con motivo de sus funciones”. Esta última medida da una protección al personal también en su vida privada, siempre que el delito obedezca a una represalia por su labor policial.

El problema es que el Ejecutivo está tensionado por el debate dentro de su propia alianza.

El Frente Amplio y el PC tienen reparos en que se avance en una norma que dé un carácter amplio al principio de la legítima defensa.

A ello se le suma la presión pública que han hecho las bancadas opositoras. De hecho, este lunes en la mañana concurrieron diputados de RN a exigirle al Ejecutivo que le dé “discusión inmediata” a la ley Retamal.