En la última década, la situación de seguridad en el país ha variado. Fenómenos como el crimen organizado se han instalado en el país teniendo sus principales expresiones a través de delitos violentos como secuestros, homicidios o extorsiones.

Pero más allá de cómo se ha expresado ese delito en el país, y cómo el sistema ha debido adaptarse, un estudio del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián (USS) analizó cómo el sistema de justicia ha respondido, en su conjunto, a este fenómeno criminal.

Para lograr aquello, el estudio de la USS, que será publicado este martes por dicha casa de estudios, analizó los términos de las causas judiciales relacionadas al crimen organizado desde 2014 al 2024. El informe, del análisis de 74 delitos agrupados en ocho categorías, reveló que sólo el 27,8% de las causas relacionadas al crimen organizado ha terminado con una sentencia condenatoria en los últimos 10 años.

El director del Cescro, Luis Toledo, destaca que “este es el primer informe que concentra una década de la persecución penal en nuestro país, sobre todo en los resultados que ha tenido el sistema de persecución penal en las causas terminadas en ese periodo”.

Un sistema con pocas condenas

El estudio elaborado por el Cescro, que analizó 708.616 causas, reveló que -en promedio- los delitos de crimen organizado han representado el 3,7% de las causas del sistema penal. Sin embargo, el mismo informe advierte que pasó de representar el 2,4% en 2014 al 5,2% en 2024. En particular, de todos los casos de criminalidad organizado, el 61,4% corresponde a ilícitos de drogas, seguido de armas (20.3%), contrabando (7,9%), violencia (5,9%), entre otros.

Para graficar el ingreso del crimen organizado al sistema judicial, la USS analizó cómo terminaron los casos de esos ilícitos la última década. Lo anterior, porque cuando una causa finaliza, existen diferentes tipos de salidas, las que son agrupadas en “judiciales” -en las que interviene un tribunal-, “no judiciales” -en lo que no resuelve un tribunal- y “otras salidas”, principalmente resoluciones administrativas.

En términos generales, de todos los delitos, la mayoría de las causas (53,6%) terminaron fuera de tribunales. Según el estudio, solo el 46,4% de los casos tuvo una “salida judicial”, el 27,8% con la sentencia condenatoria. Pese a eso, respecto a las “salidas no judiciales”, el 33,5% de los hechos terminó archivado o en el 5,9% se decidió “no perseverar”. Respecto a las “otras salidas”, que representan al 12,6% de los términos de los casos, el 11% fue “agrupado a otro caso”.

“Si bien tenemos más condenas en números absolutos, proporcionalmente estamos peor. En 2014, el 58% de las causas terminaban en salida judicial. Hoy solo terminamos con salidas judiciales el 44%. Es decir, hay más causas, pero menos efectividad relativa”, destaca Toledo, quien concluye que “hay una brecha entre lo que dice la ley y lo que hace el sistema”.

A juicio del exfiscal, existen varios factores que inciden en el bajo número de condenadas o términos judiciales. “Primero, los plazos de investigación se han ido alargando de manera creciente. Segundo, los mecanismos probatorios se vuelven cada vez más difíciles por la profesionalización de las bandas. Tercero, creo que la especialización de las policías y de los fiscales también da cuenta de una falencia en torno a llegar a un resultado positivo. Y cuarto, el Poder Judicial en materia de gestión de esta causa, que no tiene distinción entre causas de alta complejidad o no, también da cuenta de una brecha entre lo que se pretende con las reformas y lo que se obtiene finalmente”, explica.

“Durante la última década, el Estado ha invertido en la persecución del crimen organizado como en ninguna otra década anterior. Sin embargo, lamentablemente, estos esfuerzos económicos no se ven traducidos en una mejora en la persecución penal o en el resultado o eficiencia del sistema”, agrega.

Delitos con baja sentencia

Los ocho grupos de delitos analizados por el Cescro también demuestran variaciones respecto a su judicialización. Los que menos tuvieron una “salida judicial” son los relacionados con la ciberdelincuencia, donde solo el 1% tuvo dicho final, mientras que el otro 93% concluyó sin un término judicial, es decir, más de 9 de cada 10 casos no concluyeron en un tribunal. En ilícitos del grupo “corrupción”, el 45% concluyó en tribunales y el otro 43% tuvo un término “no judicial”.

En la categoría de “organizaciones criminales”, que incluye delitos como asociación ilícita o lavado de dinero, en el 54,5% de los casos el término fue judicial, la mayoría (38,9%) en sentencia condenatoria.

El grupo de delitos relacionados con drogas, que representa a la mayoría de los casos de crimen organizado en el país y que considera delitos como microtráfico, tráficos, entre otros, en el 43,9% los casos tuvieron “salidas judiciales”, mientras que en el otro 42,8% de las causas, concluyeron en “salidas no judiciales”, siendo el 38,2% archivadas.

Sobre los delitos como el porte o tráfico de armas, agrupados en la categoría calificada como “presencia de armas”, la mayoría de los casos (58,2%) tuvo un término judicial. Pese al alto número de salidas judiciales en este grupo de delitos, apenas el 23,2% tuvo una sentencia condenatoria, en el otro 22,1% se decidió no investigar. Mientras que en las salidas “no judiciales” de estos ilícitos, el 27,4% terminó archivada.

Respecto al grupo de “violencia”, que considera delitos como homicidio, extorsión, secuestros, entre otros, es el que genera más alerta en el estudio, dado el bajo número de términos jurídicos. Si bien la mayoría de los casos de estos ilícitos (46,3%) concluyó con una “salida judicial”, específicamente un 32,4% en condena, igualmente al ver por delitos en particular las cifras son bajas. Por ejemplo, el 83,5% de las extorsiones, el 53,7% de los secuestros o el 83,3% de la conspiración para cometer un homicidio tuvieron un término no judicial; la mayoría de ellos, archivados (23,1%).