El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, para Rubén Rojo Maturana, exdirector del Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (Cicitem), imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y administración desleal.

La magistrada Marisol Melgarejo fijó en 90 días el plazo de investigación.

La Fiscalía Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Antofagasta formalizó a Rojo Maturana en el marco de una investigación por la presunta sustracción y utilización indebida de los recursos de la corporación que encabezó.

El exejecutivo fue trasladado al tribunal en calidad de detenido por no haberse presentado a la audiencia de formalización que se había fijado 24 horas antes.

Su ausencia motivó que se emitiera una orden de captura en su contra, ejecutada el jueves por la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a los antecedentes expuestos ante el tribunal, entre 2022 y 2025, el imputado, que tenía bajo su responsabilidad la administración y disposición de fondos de Cicitem, habría transferido desde cuentas institucionales a sus cuentas personales, en más de 300 operaciones, una suma de al menos $729 millones.

Los recursos correspondían a fondos fiscales recibidos por Cicitem, principalmente a través de convenios suscritos con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Parte importante de las transferencias se realizaron por montos entre los $3 millones y $6 millones, registrándose más de 105 operaciones de estas características durante el periodo investigado.

Por otro lado, el imputado habría utilizado para fines particulares tarjetas de crédito pertenecientes a Cicitem, principalmente en casinos de juegos.

La Fiscalía de Antofagasta también imputó al exejecutivo la contratación de un crédito bancario por $180 millones a nombre de Cicitem, operación que, según los antecedentes expuestos, habría sido utilizada para intentar cubrir parte de los fondos previamente sustraídos.

El crédito fue posteriormente prorrogado y reestructurado, generando nuevas obligaciones para la corporación, situación que a la postre habría provocado un perjuicio patrimonial significativo para la entidad, precisan desde el ente persecutor.

La magistrada Marisol Melgarejo fijó en 90 días el plazo de investigación.