La exoficial de la Policía de Investigaciones (PDI) Danitza Araya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que el Ministerio de Seguridad Pública omitió aplicar un beneficio legal al fijar el grado con el que fue retirada de la institución producto de una invalidez derivada de un operativo durante el estallido social.

Araya quedó parapléjica tras ser atropellada y baleada el 21 de octubre de 2019, en un procedimiento calificado por la propia institución como realizado en “actos propios del servicio”, en un contexto de conmoción interna. En octubre de 2025, el Ministerio emitió el Decreto Exento N° 22, mediante el cual se dispuso su ascenso a subcomisaria y su retiro por invalidez del 60%.

El recurso sostiene que la resolución no aplicó el artículo 129 del DFL N° 1, que permite computar 30 años de servicios a funcionarios que quedan inválidos en esas circunstancias. Bajo esa normativa, argumenta su defensa, Araya debió ser ascendida al grado de prefecto inspector (Grado 5) y no al de subcomisaria (Grado 9).

El escrito acusa que el decreto del Ministerio no consideró la resolución del director general de la PDI, donde se reconocía que Araya cumplía con los requisitos para acceder a beneficios ampliados.

El abogado de la exfuncionaria, Antonio Cordano, señala que ella “cumple con todos los requisitos para estos beneficios: invalidez en actos del servicio, ocurrencia en circunstancias de conmoción interna y reconocimiento del jefe del servicio”

“La omisión de este reconocimiento es un acto ilegal que contraviene un mandato expreso y corresponde a una ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”, indicó.

Peticiones ante la Corte

El recurso de Araya solicita al tribunal:

• Corregir el grado: Reconocer a Araya en el grado de prefecto (Grado 5), con 30 años de servicio, retroactivo al 15 de octubre de 2021, fecha en que COMPIN fijó su invalidez.
• Regularizar pagos: Ordenar a la PDI, DIPRECA y al Ministerio de Seguridad Pública pagar retroactivamente remuneraciones, bonos, trienios, pensiones, desahucio y montepíos correspondientes al grado superior.
• Continuidad del tratamiento médico: Disponer que la PDI mantenga la cobertura de las atenciones médicas de la exfuncionaria.