Fijan alegatos por desafuero del senador Ossandón para el lunes 22 de marzo
Corte de Apelaciones de San Miguel deberá resolver. Fiscalía espera poder continuar con juicio en que pide una pena de cuatro años de presidio y 10 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por tráfico de influencias.
En una semana más, el lunes 22 de marzo, se realizarán los alegatos respecto a la solicitud de desafuero que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente para el senador Manuel José Ossandón (RN).
La Corte de Apelaciones de San Miguel analizará la causa y definirá si el legislador oficialista mantiene o no su fuero.
La Fiscalía Oriente pide que el parlamentario sea desaforado para poder seguir adelante con el juicio en que se le acusa de favorecer un millonario negocio de extracción de áridos de una empresa en que participa uno de sus hijos.
En enero de este año, ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, presentó la acusación en contra del senador. El persecutor pide una pena de cuatro años de presidio y 10 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por tráfico de influencias.
El caso surgió por una denuncia presentada el 9 de noviembre de 2018 por el alcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir ante él como alcalde y en el concejo municipal de Pirque, en octubre de 2017, para intentar destrabar un convenio en la municipalidad y favorecer a la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA, empresa que era administrada por Nicolás Ossandón Lira, hijo del legislador.
Previo a los alegatos fijados para el próximo lunes, la defensa hizo sus descargos y aseguró ante el tribunal de alzada que las acciones que se le reprochan al senador corresponden más bien a consejos, descartando algún interés en beneficiar a la empresa Cavilú en un negocio de áridos del río Maipo. “La intervención del honorable senador Ossandón reúne las características de gestiones típicamente políticas que en caso alguno satisfacen las condiciones para ser entendidas como ilícitas, se trata de gestiones socialmente aceptadas, que tienen como único objetivo el bien común, en este caso, de los vecinos de la comuna de Pirque”, dice el escrito presentado por su abogado, Samuel Donoso.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.