Una incautación de 800 kilos de marihuana, más de 400 municiones, seis armas de fuego y cinco vehículos utilizados en el traslado de droga se logró en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la Policía de Investigaciones.

Este martes fueron formalizados el líder y otro integrante de la organización criminal dedicada a la adquisición, transporte, venta y distribución de grandes cargamentos de sustancias ilícitas, con operaciones en las regiones de Tarapacá, O’Higgins y Ñuble.

La banda intercambiaba vehículos robados por droga proveniente desde Bolivia.

En la audiencia de formalización se expuso que, mediante diversas técnicas investigativas desarrolladas por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) Iquique de la PDI, se logró identificar a esta estructura criminal.

El imputado, de iniciales F.A.D.M., de nacionalidad chilena, junto a otros integrantes, entre ellos C.A.R.R., coordinaba el ingreso de droga por pasos no habilitados en la zona norte.

Luego, desde la Región de Tarapacá se organizaba el traslado de grandes cargamentos en distintos vehículos hacia las regiones de O’Higgins y Ñuble, con el fin de abastecer el mercado de la zona sur.

La fiscal regional, Trinidad Steinert, explicó en un punto de prensa en Santiago que gracias a la investigación “se descubrió que la organización, para llevar a cabo el traslado de drogas hasta la zona sur, organizaba y coordinaba todo desde la Región de Tarapacá”.

“Es así como se identifica un modus operandi, lo que nos permitió lograr la detención de estas dos personas y la incautación de esta gran cantidad de droga: más de 800 kilos de cannabis sativa, más de 400 municiones, seis armas de fuego y cinco vehículos utilizados para la comisión de este ilícito”, destacó.

El Ministerio Público formalizó a ambos detenidos por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas y municiones, solicitando su prisión preventiva.

El tribunal acogió la solicitud y fijó un plazo de investigación de 120 días.