Durante la mañana de este lunes se llevaron a cabo los alegatos de clausura en la causa contra el ex director general de la PDI, Héctor Espinosa y cónyuge, María Magdalena Neira, por malversación de fondos públicos.

En la ocasión, el fiscal Miguel Ángel Orellana, junto con realizar un repaso del caso, destacó el rol que tuvo María Magdalena Neira en la malversación de estos fondos señalando que “María Magdalena Neira se transformó en un elemento fundamental para el ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los bienes, los dineros, los recursos sustraídos por Héctor Espinosa”.

“Necesitaba de María Magdalena Neira, necesitaba de sus cuentas, necesitaba de sus remuneraciones, necesitaba de su buen manejo con las cuentas corrientes, necesitaba de sus productos financieros, necesitaba de sus ahorros en esos productos financieros, necesitaba de sus fondos mutuos, necesitaba de su capacidad para hacer mal de pista. La necesitaba y María Magdalena se prestó para eso”, agregó.

En sus palabras finales, el fiscal apuntó que los argumento de la defensa “no solo no tienen ningún sustento, sino que además pugnan de manera clara, con las pruebas rendida y con las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente alcanzados”.

“En este caso, la persecución penal de estos delitos tiene una relevancia que va muchísimo más allá que aquella propia de la infracción penal cometida por los imputados”, agregó, enfatizando que “creemos que es una oportunidad importante a nivel estatal para hacerse cargo de una situación compleja que estaban viviendo las instituciones policiales en la época en que estos hechos ocurrieron, una mala utilización de una prerrogativa y una confianza en la normativa en un Chile en el que crecimos, y tal vez de manera ingenua, pensamos nunca que se iban a producir situaciones como esta”.

“La solicitud del Ministerio Público es la condena de ambos acusados por los delitos, de Héctor Espinosa por malversación de caudales públicos, por falsificación de instrumentos públicos, por su declaraciones juradas de buena inversión y lavado de activos, y para doña María Magdalena Neira por este último delito, todos en calidad de autores ejecutores de los delitos”, cerró.

Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado, en sus alegatos de clausura señalaron que “nadie que actúe de buena fe necesita fraccionar dinero, triangularlo con tu cónyuge, ni detener los depósitos cuando el banco pregunta por su origen. Ambos sabían perfectamente de donde provenía el efectivo, del dinero público sustraído por quien debía custodiarlo”.

Además añadieron que “el uso de un subordinado policial como depositante demuestra una estrategia deliberada de ocultamiento, el fraccionamiento de depósitos bajo los cinco millones buscó evadir los controles de la unidad de análisis financiero”.