Corte de Apelaciones decide poner “en estudio” desafuero del senador Ossandón por presunto tráfico de influencias

Tribunal de alzada escuchó los alegatos del fiscal Manuel Guerra en una audiencia que se extendió por casi tres horas. “Vamos a tratar de que esto sea lo más breve posible”, dijo la jueza Carolina Vásquez.




En una audiencia que se extendió por casi tres horas, la Corte de Apelaciones resolvió hoy poner “en estudio” el desafuero del senador Manuel José Ossandón, quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, en un caso donde se investiga su eventual participación en supuestas acciones para que el Municipio de Pirque favoreciera a la empresa Cavilú SA, donde tiene participación uno de sus hijos -Nicolás Ossandón Lira-, en un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo.

La solicitud de desafuero contra el parlamentario había sido presentada por la Fiscalía Oriente con el fin de poder acusarlo y llevarlo a juicio. Para ello, el Ministerio Público presentó sus alegatos y pruebas. Sin embargo, tras tomarse unos minutos para resolver, la jueza Carolina Vásquez determinó que esta decisión será estudiada, por ahora, sin fecha de resolución.

“Vamos a tratar de que esto sea lo más breve posible”, dijo Vásquez, y añadió: “En cuanto termine el estado de estudio y tomemos acuerdo, la resolución será notificada por correo electrónico a todos los intervinientes, la fecha en la cual va ser comunicado el fallo que recaiga en esta solicitud de desafuero”.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, a Ossandón, quien se encuentra con su militancia en Renovación Nacional suspendida, se le acusa de haber realizado intervenciones en el Concejo Municipal de Pirque y ante el alcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, a favor de la empresa Cavilú, que tiene en sus manos una concesión para extraer áridos del río Maipo, sin revelar que uno de sus hijos, Nicolás Ossandón Lira, estaba vinculado a la empresa.

En sus descargos previos, Ossandón culpó a su primo de “animadversión” y aseguró que sus intervenciones fueron “consejos” que buscaban “el bien común de los vecinos de Pirque” y no beneficiar a su hijo. Además, su defensa puntualiza que no se dan las condiciones para que Ossandón haya tenido mayor influencia que concejales y alcaldes.

La audiencia

En la audiencia, el fiscal Manuel Guerra fue el primero en intervenir. Sobre las implicancias de solicitar la medida contra Ossandón, dijo: “el desafuero es considerado por nuestra Constitución como una norma protectora de los parlamentarios para evitar que estos sean objetos de acusaciones injustas. Es por eso que se establece que para los efectos de pedir medidas cautelares o en su momento acusar a un parlamentario, se requiere de una declaración que quite esta prerrogativa procesal, esta ventaja procesal, en la cual consiste el fuero”.

Además, dijo que “el desafuero es meramente un antejuicio que tiene por finalidad privar al parlamentario de esta garantía procesal a efectos de poder enfrentar un proceso. No supone, el otorgamiento de desafuero, un juicio de culpabilidad. Pero a la inversa, el rechazo del desafuero, tiene como consecuencias el sobreseimiento definitivo de la causa”.

Guerra afirmó que son cinco los hechos en los que Ossandón habrían ido en favor de la empresa de la cual forma parte su hijo: “Todos forman parte de una cadena de actuaciones del senador destinada a favorecer los intereses de uno de sus hijos, el señor Nicolás Ossandón Lira”.

El primero, del 5 de octubre de 2017 fue concurrir a una sesión del Concejo municipal de Pirque, donde el parlamentario habló de las bondades que tenía el convenio de administración que existía entre Pirque y Puente Alto para las concesiones de explotación de áridos en el sector del Río Maipo.

De esta forma, el persecutor señaló que las acciones de Ossandón se fueron “intensificando”, buscando favorecer a la empresa Cavilú. Posteriormente, procedió a exponer sus argumentos Marcelo Chandía, abogado del Consejo de Defensa del Estado, quien afirmó que los antecedentes recabados “no deben tomarse como hechos aislados sino como una línea de tiempo”.

Por su parte, Francisco Cox, abogado querellante de la causa presentada por el alcalde de Pirque, afirmó que el “senador Ossandón se cree amo y señor de la circunscripción”, mencionando el Concejo Municipal del cual el senador solicitó participar.

Posteriormente, Samuel Donoso, penalista que lidera la defensa de Ossandón, expuso sus puntos. Negando que las acciones mencionadas por el Ministerio Público puedan ser consideradas “influencia”, puntualizó que se hizo mención de estas supuestas prácticas en calidad de exalcalde de Pirque y exalcalde de Puente Alto, lo que no guardaría relación con el actual cargo que ostenta.

Además, detalló que el único beneficiario de tal convenio es la Municipalidad de Pirque, y no Nicolás Ossandón, de quien añadió que los querellantes no hacen mención del porcentaje de la sociedad que le corresponde al hijo del senador. “¿Qué clase de influencia se ejerce sobre una resolución que ya se tomó?”, dijo Donoso, argumentado que las conversaciones sostenidas vía WhatsApp fueron posterior a la decisión de mantener el convenio con Cavilú.

La fiscalía pretende lograr una condena de cuatro años de cárcel y un castigo accesorio, que es la imposibilidad de postular a cargos públicos durante 10 años.

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