En México -en un viaje parte de trabajo y parte de placer- fue contactado el abogado Francisco Cox por el exministro de Energía Diego Pardow para que asumiera su defensa frente a la acusación constitucional presentada por la oposición tras la crisis de las cuentas de la luz. Cox está lejos de ser un novato en estas lides -antes defendió a Marcela Cubillos, Marco Antonio Avila y el delegado presidencial, Gonzalo Durán- y, en buena parte, lo hace porque tiene la convicción de que el abuso en la presentación de las acusaciones constitucionales termina por desmoronar a los países.

Al exministro se le acusa de infracciones al deber de la probidad administrativa: el primer capítulo es que no se dio cuenta del error en el decreto tarifario de la luz. ¿Acaso ello no vulnera sus deberes?

Ese capítulo adolece de especificidad sobre la causal. Se invocan principios como eficiencia y eficacia y se señala -de la nada- que hubo falta de la probidad. Lo que omiten, olvidan o no les importa a quienes presentan la acusación es que el Estado se organiza de una forma en que hay delegación de funciones. Que una autoridad política se meta a cuestionar a la autoridad técnica es llevarnos a un riesgo muy alto. Es la Comisión Nacional de Energía quien tiene a su cargo esto. Y, además, se omite la complejidad del tema: estos decretos tienen 103 páginas y anexos. Para que el exministro pudiese cuestionar el Informe Técnico Preliminar (ITP) necesitaría en su gabinete un equipo equivalente a la Comisión Nacional de Energía y tendría que duplicar ese trabajo.

Se produjo un error, pero -señala usted- esa responsabilidad es técnica y no corresponde un reproche constitucional. Sin embargo, uno supone que si hay un ministro es para que no pasen estas cosas o para que cuando pasen se tomen decisiones…

Lo que es problemático en este caso es que no es un error evidente o sea no fue evidente hasta que alguien lo levantó con las revisiones. Pedirle al ministro que se ponga a revisar el decreto tarifario y ver la inflación si es que está dos veces cobrada la verdad que, además, sería una distracción de funciones del ministro. El cumple su función de coordinador y de supervigilancia. De hecho, el biministro García ha reconocido que bajo el mandato del ministro Pardow se detectó el error, se fue corrigiendo y se gatilló el procedimiento para corregirlo. Lo que llama la atención de esta acusación es que se hizo una evaluación de la contingencia política. La única explicación son los tiempos eleccionarios y el empecinamiento en asestarle una derrota al gobierno del Presidente Boric y, quizás, a todo lo que huele a oficialista por ende a su candidata.

En el el capítulo dos del libelo se acusa al exministro de omitir información en el caso de Transelec, ¿acaso no correspondía que comunicara esos antecedentes?

Si a usted le llegan como editora con un reportaje con ese capítulo, creo que no lo publica: No hay ningún hecho, todas son preguntas, elucubraciones, suspicacias. Desde el punto de vista de la transparencia, primero hay que decir que desde el momento en que el coordinador eléctrico convoca la licitación, eso ya es público. Pero lo que se le pide al exministro es que él haya salido a hacer una conferencia de prensa. La verdad es que eso hubiera sido un gran error. Esto es un procedimiento administrativo que no puede la autoridad política juzgar. Y si saliera a denunciar que hay una aparente sobrevaloración por parte de los activos de una empresa eléctrica sería una intromisión y arriesgaría una demanda en el CIADI, como ocurre cuando las autoridades políticas tratan de forzar las tarifas o tratan de forzar los precios. Cuando escuché las noticias pensé que había un documento escrito y esto fue una reunión en la cual se dice, mire, estamos viendo esto, y por eso el órgano técnico encargado, en coordinación con el ministro, inicia un procedimiento y le dice al coordinador eléctrico, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay un problema, haga una auditoría. Entonces, las imputaciones son livianas.

En este capítulo, el libelo hace alusión a una reunión con China Southern Power Grid, propietaria de cerca del 28% de Transelec en China. Lo que se insinúa es que ahí puede haber una suerte de contubernio con la empresa...

Es que eso es lo que se insinúa. Y eso es lo que encuentro gravísimo. Es más grave aún porque había cuatro parlamentarios que viajan con el ministro a China porque lo que se buscaba era más inversión y ellos estuvieron en la reunión. Ese nivel de imputación no resiste un estándar mínimo de una acusación constitucional que busca una sanción tan grave.

Usted ha defendido a varios ministros acusados constitucionalmente. ¿Este libelo le parece más débil desde un punto de vista jurídico?

Me parece que los hechos, cuando se analizan objetivamente, no tienen ningún sustento y, en particular, el segundo capítulo es de una liviandad que si no estuvieran actuando en la inmunidad del ejercicio de su cargo parlamentario daría para una querella por injurias.

El asunto es que varios parlamentarios oficialistas respaldan la acusación y asumo que un oficialista no quiere perjudicar al gobierno del presidente Boric ni a la candidata Jeannette Jara…

Lo que enrarece esto es el periodo en el cual se quiere votar esta acusación. Eso tiñe la visión y no permite hacer un análisis jurídico frío como se tiene que hacer.

¿Tiene resuelto invocar la cuestión previa?

¿Sabe cuándo se resuelve eso? Minutos antes de entrar a la sala.

¿Y cuáles son los criterios que usted ocupa para invocarla o no?

A veces me gusta entrar a la cuestión de fondo para que no quede la sensación de que es una cosa de admisibilidad nomás. En casos como este, donde se hacen imputaciones tan graves en términos de la afectación a la persona… pero no he tenido la oportunidad de sentarme cara a cara con mi representado.

El exministro ya fue notificado. Tiene 10 días para presentar su defensa. ¿Se va a tomar todo el plazo para ello?

No le puedo anticipar eso, pero creo que amerita tomarse un tiempo suficiente como para entender bien todo el tema.

Se lo pregunto por lo que usted ha planteado: que hay una suerte de fecha psicológica, que es la elección...

Vamos a ejercer todos los derechos. Hay un tema de fondo que justifica tomarse el tiempo necesario. Y además, institucionalmente, esto no debiera ser a mata caballo sino reposado, pensado, meditado.

Ha generado polémica que el gobierno haya decidido asumir el costo de la defensa jurídica del ministro. ¿Ya acordó sus honorarios con La Moneda?

Le voy a ser súper sincero: hasta el momento con el exministro Pardow no hemos hablado de honorarios. Si la Contraloría dice que no se puede, no se puede. Y ahí veremos cómo lo hacemos. Soy un simple abogado que contactaron y yo hago la pega.

A esta altura tiene harto músculo para enfrentar acusaciones constitucionales, porque le ha tocado defender a varios ministros de distintos gobiernos, además ¿Le parece una de las más complicadas por los ingredientes que tiene?

Me parece bastante complicada. La de la ministra Cubillos me pareció muy complicada también porque el diputado Giorgio Jackson dijo que ella era la más ideológica del gabinete. Había una fuerte carga. En este caso, desde los hechos es, entre comillas, la más fácil y débil. Las causales no se dan de ninguna manera y, más aún, la responsabilidad política ya se ejerció, pero por el contexto político actual me parece la más compleja. Si estuviera en un tribunal de derechos con funcionarios y órganos que se sometan al derecho, estaría muy tranquilo. Pero veo que se está instrumentalizando una herramienta que es particularmente delicada de trivializar